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domingo, 30 de agosto de 2009

Del PROCEDE al FANAR, los afanes privatizadores del gobierno neoliberal, la destrucción de la vida comunitaria y la cobardía de unos cuantos.



“Si un traidor puede más que unos cuantos,

que esos cuantos no lo olviden fácilmente”.

“Solo le pido a dios” León Gieco,

(Cantante argentino)

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El título kilométrico de esta colaboración tiene que ver con una de las horrorosas realidades que afectan la vida de las comunidades, desde la reforma constitucional de 1992, impulsada por Carlos salinas de Gortari y la tecnocracia que asaltó el poder, dio por muerta a la revolución, anunció con bombo y platillo la entrada al primer mundo y decretó el fin de la vida comunitaria y colectiva apropiándose de uno de los valores más significativos de la especie humana, la “SOLIDARIDAD”.

Mediante el llamado programa estrella del sexenio, los tecnócratas iniciaron la aplicación de un proyecto de corte etnocida, disfrazado de asistencia social, el cual buscaba sustituir uno de los preceptos más caros de la Revolución mexicana, declarada fenecida por régimen neoliberal, la “JUSTICIA SOCIAL”, en esencia se trataba de transformar las ancestrales estructuras de participación comunitaria por mecanismos del mercado, en los que el dinero se convertía en el elemento central de la vida en las comunidades, desplazando paulatinamente la vocación de servicio comunitario, los resultados no tardarían en ser vistos, corrupción y ambición tras el poder en las comunidades, algo ampliamente documentado a lo largo y ancho del país.

Detrás de todo ello se encontraba el afán del Estado por romper de una vez por todas los vínculos comunitarios con la tierra, que dos grandes reformas previas, la REFORMA JUARISTA y la LEY DE COLONIZACIÓN Y BALDÍOS de cuño porfirista, no habían podido lograr, estos vínculos se habían reafirmado mediante la oposición al juarismo y al porfiriato, cristalizó en las demandas enarboladas por la revolución popular de 1910, los anarquistas, zapatistas y villistas defendieron con el apoyo de las masas el derecho a la “TIERRA Y LIBERTAD”, tal fue el origen del ejido y el reconocimiento de las comunidades por el nuevo Estado, la oligarquía en el poder y los herederos postrevolucionarios no pudieron eliminar, por lo menos en la ley a los marginados de siempre, sus afanes por exterminar a los pobres no desaparecían ni mucho menos, se afianzarían durante muchas décadas, hasta llegar a 1992.

La materialización del proyecto asistencialista tuvo como base la privatización del sector público vinculado a las riquezas nacionales, así al grito de “VIVA EL LIBRE MERCADO”, los tecnócratas iniciaron el desmantelamiento de las empresas públicas, Telmex, Ferrocarriles Nacionales, CONASUPO, entre otras, marcaron el fin del ESTADO DE BIENESTAR e inauguraron el del “SALVESE QUIEN PUEDA”, para los socios del poder una nueva etapa de concentración de la riqueza, para los pobres más pobreza, una muerte asistida mediante los programas derivados de SOLIDARIDAD, PROCAMPO, PROGRESA y demás, se trataba en realidad de romper el vínculo entre la comunidad y la tierra, todo ello mediante una política asistencialista destinada a eliminar la cultura del trabajo y servicio que las comunidades habían desarrollado durante miles de años.

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La estrategia del Estado se redujo a un par de acciones, mantener los bajos precios de garantía a los productos del campo y alentar la importación semillas al mismo tiempo que entregaba “ayudas” a los campesinos, consistentes en créditos a fondos perdidos, es decir no era necesario reintegrarlos, al mismo tiempo se conservó el sistema de tiendas DICONSA, o sea la CONASUPO, esta distribuiría los productos de primera necesidad, sobre todo las semillas a precios más bajos, lo cual reforzaría la idea de que no era necesario seguir siendo productivos en el campo, hoy en día, veinte años después es prácticamente imposible encontrar, al interior de las comunidades, jóvenes u hombres maduros que continúen dedicándose a producir en el campo, la inmensa mayoría de quienes aún lo hacen son los “MAYORES”, hombres y mujeres de más de sesenta años.

Las nuevas generaciones ya no vieron las condiciones de miseria en las que sus padres tuvieron que sobrevivir, al menos contaban con dinero para comprar los productos necesarios, esos que ya no producían y al final siempre había un remanente que les permitía adquirir algunos otros productos, especialmente aquellos que se consumían en las ciudades, incluidas las bebidas alcohólicas, eso alentó los cambios culturales de manera acelerada la colonización en una nueva versión, paralelamente el sistema político occidental hizo su aparición en los núcleos comunitarios, los partidos políticos cooptaron a las nuevas generaciones de líderes comunitarios y los educaron en las maneras y prácticas de corrupción y malos manejos símbolo del poder político del Estado mexicano, “el que no tranza no avanza”, de ahí surgirían las nuevas élites gobernantes, presidentes municipales, diputados, líderes magisteriales, representantes comunitarios y otros tantos cuya única divisa fue enriquecerse de la manera más rápida y ostentosa posible.

En este marco se empezó a banalizar el significado de la comunidad y sus valores, las comunicaciones hicieron otro tanto, las carreteras, símbolo del progreso rompieron viejo y fructíferos lazos intercomunitarios, añadiendo un ingrediente extra a la situación, la disputa por los recursos naturales, lo cual generó un sentimiento de competencia entre los que antes eran pares, hermanos de cultura y de prácticas. A pesar de ello subyacía el espíritu de la comunidad y en no pocas de las prácticas de la misma afloraba de tal manera que no ha sido posible desterrarla del todo, adicionalmente las políticas educativas han incrementado la ofensiva contra la identidad comunitaria, se puede encontrar además una gama muy amplia de políticas que han intentado por todas las vías exterminar a la comunidad, políticas demográficas de control natal, migraciones y demás-

Con el inicio del foxiato y el supuesto proceso democratizador de las estructuras del poder en México, no hubo más que continuidad del modelo neoliberal con un notable incremento de los afanes depredadores, tanto del medio como de los recursos que, se descubría abundaban en los territorios ancestrales de las comunidades, el ya señalado fin de las políticas sociales de bienestar y el desmantelamiento de las empresas nacionales se vio acrecentado por la desaparición de las instituciones creadas ex profeso para garantizar la mencionada justicia social, en el caso de las comunidades se puso fin al INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA, el cual, con todo y su carácter paternalista se había convertido en un espacio en el que aún con sus deficiencias era posible hacer patentes las reivindicaciones de las comunidades, sobre todo las originarias.

El colofón fue la puesta en marcha del llamado PLAN PUEBLA PANAMÁ, engendro diseñado para eficientar los procesos de exterminio comunitario con la máscara del desarrollo igualitario para todos los mexicanos, todo se resolvería mediante la implementación del libre mercado, siguiendo la misma línea se implementaron una serie de reformas fundadas en las modificaciones al artículo 27 constitucional, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares”, PROCEDE, se llamó el primer intento, previamente, Salinas declaró muerta la Reforma agraria, finiquitó el reparto agrario y aceleró los procesos que llevarían a que los núcleos ejidales y comunitarios a “decidir por si mismos la privatización de sus tierras”, tal era el papel del PROCEDE, el marco previo había favorecido una serie de prácticas plenas de corrupción, venta de recursos naturales, bosques, agua, recursos minerales, etc., manejados discrecionalmente por los representantes comunitarios, comisariados comunales o ejidales, agentes municipales y de policía, presidentes municipales, delegados de gobierno y aún gobernadores y funcionarios federales e incluso presidentes de la república, remember el Tamarindillo”, afortunadamente no todo es negro en el panorama de las comunidades y en diversos espacios se ha generado una resistencia a la destrucción, 1994 sirvió para alentar el espíritu de lucha y resistencia, la lucha continúa.

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El fracaso del PROCEDE, en estos 14 años, contados a partir de la reforma de 1992, 2,421 (dos mil cuatrocientos) núcleos agrarios del país lograron resistir las mentiras, corrupción, presiones y chantajes con los que se impuso el programa ha dado pie a un nuevo experimento, el “Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar“ (FANAR) que desde el año 2007 pretende completar las encomiendas de su antecesor con las mismas tácticas, amenazando o corrompiendo a los comisariados, ofreciendo dádivas cuando es necesario, en la región cuicateca de Oaxaca, por ejemplo un delgado agrario, el Lic. Juan Eddy García Coronado, llegó a ofrecer al menos en dos comunidades camionetas a los respectivos comisariados a cambio de su apoyo al programa, más tarde fue posible indagar que el mencionado delegado tiene nexos con representantes de compañías dedicadas a la minería, esto es solo una pequeña muestra de lo que sin lugar a dudas sucede en otras partes del país.

No es casual, entonces, el denodado afán de los organismos estatales como la Comisión nacional para el Desarrollo de los pueblos Indios, CDI, la Procuraduría Agraria, PA SEMARNAT, Dirección General de Minas, DGM, entre otros por tratar de convencer a veces en buenos términos, otras mediante amenazas directas o veladas, a quienes “representan a las comunidades a fin de lograr su cometido, los megaproyectos del otrora Plan puebla-Panamá, ahora Iniciativa mesoamericana, no pueden esperar, aunado a ello muchos gobiernos y representaciones comunitarias han renunciado a la defensa de los intereses comunitarios, mintiendo incluso a sus representados sobre las implicaciones de la “regularización” de los núcleos agrarios, en caso de prosperar el FANAR, como el pago de impuestos, la ofensiva de intereses ajenos a las comunidades, y en el caso de algunas comunidades cuicatecas sobre la gratuidad de los “servicios” del mencionado programa, obviando que se trata de un fondo, es decir que existe un recurso económico, financiado por el Estado mexicano, para la implementación del programa, será que también alcanza para sobornar a los representantes que lo apoyan, el tiempo lo dirá.

Por lo pronto, nadie en su sano juicio puede pensar en las bondades de un programa que casualmente se implementa con más ímpetu en zonas del país en donde se ha planeado previamente implementar los llamados megaproyectos, aeropuertos, carreteras, presas, hidroeléctricas, generadores eólicos, proyectos mineros, explotaciones forestales, en fin todo aquello que genera ganancias tasadas en miles de millones de dólares para unos cuantos y miseria y destrucción para muchos.

Adicionalmente el gobierno actual ha anunciado el fin de las políticas asistencialistas como PROGRESA y OPORTUNIDADES para el año 2012, es decir a menos de cuatro años, en un escenario en el que la mayoría de los habitantes de las comunidades han sido desacostumbrados al trabajo digno solo quedará privatizar para convertirse en los esclavos del dinero en el siglo XXI, sin un despertar de la conciencia comunitaria ni el compromiso para la defensa de la dignidad y el territorio de las comunidades originarias, solo nos quedará lamentarnos por lo perdido, a pocos meses del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución, difícilmente podremos celebrar el digno gesto de quienes buscaron su libertad, ofrendando incluso sus vidas por la libertad para todos y el derecho a existir con nuestros territorios y cultura propios.

Valga entonces recuperar la dignidad de los ejidos y comunidades y de todos y todas quienes conformamos este país, solo la dignidad de todos nos puede salvar, solo el pueblo salva al pueblo y sus enemigos deben ser desterrados, no cabe en una comunidad quien no acepta ni refrenda la tradición de la comunidad, hemos subsistido por miles de años y no pereceremos por la cobardía de quienes en vez de encarar la realidad pretenden ignorarla combatiendo con mentiras la resistencia y la lucha por los derechos comunitarios.


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