Cuando el diablo reza, engañarte quiere.
Refrán popular
Hemos sido convocados a esta sesión de trabajo de la etapa de seguimiento de acuerdos del proceso de consulta libre, previa e informada para la “Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano” en este contexto esperamos que sea espacio serio para la reflexión y el análisis, para la duda y la interrogación, para la investigación, pero sobre todo para la decisión consiente y razonada de futuros mediatos y a largo plazo para nuestra región, para nuestros pueblos.
Más de quinientos años de desacuerdos de resabios colonialistas, racismos e imposiciones en aras de un modelo de país y de desarrollo ajenos a nuestros pueblos no se pueden resolver en una sesión de trabajo, esperamos por tanto que este sea solo el inicio del diálogo e intercambio entre nuestros mundos, entre nuestras ideas, nuestras percepciones.
Nadie más que el Centro de Estudios de la Región Cuicateca, CEREC, trabaja y espera que nuestros pueblos encuentren en sí mismos su propia ruta, desde el año 96 hemos caminado con ese afán de la mano con nuestros hermanos de las diferentes naciones que pueblan la región, 2001 marcó nuestro primer paso regional, fue en junio de ese año cuando en éste mismo lugar se realizó el “Primer Congreso de Pueblos Originarios de la Región Cuicateca, siglo XXI”, en ese entonces con la representación de veintiséis comunidades se analizaron las implicaciones del Plan Puebla Panamá en nuestra región, los peligros que ello implicaba e implica para nuestras comunidades, sus territorios y recursos, dieciséis años después, junio 2017 en la Cancha municipal, treinta y un comunidades y diversos invitados nacionales y extranjeros, pero sobre todo con una amplia participación de las comunidades se realizó el “Segundo Congreso de Pueblos Originarios de la Región Cuicateca” ya no se analizó el Plan Puebla-Panamá, hace tiempo mudó de nombre, pero si se reflexionó en torno a la política extractivista que domina México y el mundo, para ello el CEREC ha documentado trece proyectos de minería, tres represas hidroeléctricas, además de la tala de bosques las maniobras de varias empresas para agenciarse el agua de la región, Coca Cola y Nestlé más visiblemente, por citar unos pocos datos.
En ese marco la situación general que se avizora es catastrófica, el cambio de régimen de gobierno en 2018 aún no se ha manifestado en cambios significativos, sobre todo porque el entramado de las Reformas Estructurales de los anteriores gobiernos no es tan fácil de superar, sin embargo, pensamos hace falta algo más que discursos y buenas intenciones para transformar realmente la realidad del país. Esperamos pueda materializarse en corto tiempo, nuestros pueblos no pueden esperar mucho tiempo.
Justamente en este marco nos parece de vital importancia meditar, analizar, reflexionar las propuestas, cabe pensamos el refrán “Despacio que tenemos prisa”, despacio porque esta en juego algo más que un simple si o un no a cualquier proyecto, despacio porque nuestros pueblos se manejan con la paciencia y el análisis de las aristas de cualquier medida, despacio porque está en juego no solo la sobrevivencia inmediata sino la viabilidad de nuestra especie, de nuestro planeta.
Por esas circunstancias el Centro de Estudios de la Región Cuicateca se pronuncia de la siguiente manera:
Si bien es cierto no puede desdeñarse, en ninguna circunstancia, la consulta, ella debe mantener, ante todo, la integridad de los pueblos, naciones, tribus, que formamos parte del país y que como se ha reconocido en las leyes y tratados internacionales tenemos la primacía por ser previos al Estado-Nación mexicano.
Resulta entonces, necesario asumir que la reglamentación que promueve la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, por si misma involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos.
No es gratuito que sea un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos, en especial los intereses del gran capital trasnacional, ello pone a nuestros pueblos en riesgo de caer, a la hora de decidir en la entrega de nuestros derechos y con ello convalidar la creación de mecanismos que, finalmente solo sirvan para que el capital obtenga la seguridad jurídica necesaria para sus megaproyectos, consideramos que la prisa con que se desarrollan estos espacios, favorecen, posiblemente de manera involuntaria la dinámica mencionada, no podemos olvidar que hay un interés evidente del empresariado y la industria extractiva, la Cámara Minera de México, por ejemplo, pero sobre todo porque el modelo económico dominante se expresa en un capitalismo cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urgido de mecanismos para seguir validando el despojo territorial en marcha.
Al respecto cabe citar a Elisa Cruz Rueda, antropóloga y abogada de la Universidad Autónoma de Chiapas, con una larga experiencia en derecho indígena, que advierte que “el peligro de una ley específica para la consulta “es que la historia de este país nos muestra que (…) el afán de la regulación siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado”.
De ya es notorio algo de ello en el articulado de la propuesta de Ley, uno de ellos, por ejemplo, es el artículo 12 que trata de los resultados de la consulta. En caso de que los pueblos nieguen que un proyecto sea realizado en su territorio, hay la posibilidad de que “el sujeto consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar”, dice el proyecto. “Queda abierta la posibilidad para que se busquen otras vías para hacer efectivo el proyecto. De que estamos hablando, si es negativo es negativo, no puede significar que haya otras vías, mucho menos si estas no se especifican.
Otros aspectos se encuentran en el artículo 29 del proyecto, en él se establece que las autoridades que realizan la consulta tienen la obligación de realizar los protocolos de consulta. La pregunta el respecto es ¿Cuál sería ese protocolo? El procedimiento que ha venido implementando el gobierno desde el sexenio anterior. Ese es el modelo que ha establecido la Secretaría de Energía”. En un proceso de consulta real se debería impulsar por parte del gobierno que las comunidades elaboren sus protocolos autonómicos de consulta, cada comunidad es distinta, tiene sus propios usos, ejerce el Derecho consuetudinario, conforme a sus necesidades, es decir se requiere un “protocolo en donde se recorran las formas de organización y decisión de cada comunidad”, lo anterior no está considerado en la propuesta de ley.
Por otro lado, no se puede dejar de lado que el derecho a la consulta ya es un derecho internacionalmente reconocido previsto en el Convenio 169, del cual México es signatario. Los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional en el país. Por tanto, no se necesita de una ley específica, “lo único que se debería de hacer es cumplir con estos grandes parámetros de estándares internacionales que ya existen, sin embargo, al menos hasta ahora, no se ha realizado, antes bien los ejercicios para las “Consultas” del Proyecto Integral Morelos, El tren maya, el corredor transístmico, no solo no han cumplido estas directivas sino que se ha visto una manipulación profundo de los diferentes actores interesados en la ejecución de dichos proyectos.
Cabría, en este marco preguntarnos sobre lo que nos ocupa hoy, ¿Cuántos hemos leído el proyecto de Ley? ¿Cuántos no tenemos el dominio de los tecnicismos jurídicos y legales que involucran el proyecto? ¿Cuántos pudimos conocer el proyecto traducido a nuestras lenguas originarias? Porque cuando hablamos de una consulta real, lo primero es que sea real y se nos convoca no solo como interesados sino como parte de este país, de las respuestas a las preguntas planteadas podemos comprender la seriedad del caso.
Dadas las condiciones planteadas para el Centro de Estudios de la Región Cuicateca, CEREC, si no se cambian las reglas y las formas y, por tanto, se repone el proceso, la consulta se está proponiendo como discurso dentro del derecho como un derecho sustituto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios.
Coincidimos plenamente con el abogado Carlos González, integrante del CNI, cuando afirma que en las actuales condiciones, “los derechos fundamentales para un pueblo originario son: primero el derecho a la libertad, a la libre determinación, que en el marco del Estado nacional se llama autonomía; el segundo es el derecho al territorio. Estos derechos son los derechos medulares de una comunidad y lo que están pretendiendo es sustituirlos por el derecho a la consulta”.
Bajo las actuales condiciones la propuesta de Ley no resuelve la desigualdad, no están las condiciones estructurales cambiadas para que de hecho se pueda llevar a cabo consultas que realmente respeten a los pueblos. “Los pueblos indígenas en México están precarizados. Se les dice, oye dame tu tierra y te doy agua, dame tu tierra y vas a tener trabajo. En estas condiciones hablar de una consulta no es una consulta, es más bien un regateo”.
Finalmente es claro que, si se desea, realmente, cambiar la relación entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, como señalan los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. Comprometidos por el Estado mexicano y luego abandonados e ignorados por los gobiernos después de 1996-2000, “el formato que tiene este proyecto de ley no cumple este propósito de cerrar las brechas de las desigualdades. Al contrario, las profundiza”
Por lo anterior, Centro de Estudios de la Región Cuicateca, CEREC, hace un fraternal llamado a todos los representantes de las comunidades, ejidos, rancherías de la región cuicateca a exigir una verdadera reforma que garantice a nuestros pueblos el derecho a la libertad, a la libre determinación, autonomía; pero sobre todo nuestro derecho al territorio y la decisión sobre el mismo sin injerencia de ningún tipo.
Fraternalmente
“La solidaridad con los demás es la protección de nosotros mismos”
“Nunca más un México sin nosotros”
Centro de Estudios de la Región Cuicateca, CEREC.
San Juan Bautista Cuicatlán, junio 2021.
