EL DEBIDO PROCESO
Alberto Híjar
18 de agosto, 2009
Los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia (fallos en el lenguaje técnico no exento de ironía) contradicen lo afirmado por el Secretario de Gobernación en su obligada comparecencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica a propósito de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, campesino cantor de corridos a Lucio Cabañas en los setenta. Cosas del pasado dijo para seguir la línea presidencial de exigir pruebas de las violaciones a los derechos humanos esgrimidas por el Senado yanqui para atorar la Iniciativa Mérida a cambio de mayor ingerencia en los controles policíacos y militares.
Alegan los magistrados fallas en el debido proceso de Acteal y a la par niegan amparo a la viuda de un trabajador balaceado en un retén de Ciudad Juárez. Así las cosas, nada es prueba suficiente, ni la flagrancia porque siempre queda la duda sobre la visión de los vencidos, los ofendidos, los sobrevivientes, siempre sospechosos de parcialidad. Para probarla, nada mejor de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) influido por una iglesia evangélica del mismo credo que los enemigos de Las Abejas católicas de Acteal acompañados por escritores con amplia cobertura radial y televisual como Héctor Aguilar Camín, Jorge Fernández Meléndez, Carlos Ramírez, Raymundo Riva Palacio de los diarios Milenio y El Universal, los lectores de noticias censuradas y hasta los chistositos como ese que le dicen Estaca y su jefe Esteban Arce de Matutino Express, Lorett de Mola el chico, Pedro Ferríz el pequeño y la runfla de desinformadores al servicio de la mentira y la deformación noticiosa. Jamás estarán desempleados mientras dure el Estado mexicano y sus gobiernos urgidos de lavadores de cerebro. Así como el TRIFE ha procurado sin éxito impedir la difamación en las campañas electorales, la Suprema Corte debiera intentar el castigo de los calumniadores profesionales.
Hay en todo esto un desencuentro histórico abordado por Carlo Ginsburg cuando confronta al historiador y al juez. Uno está por la verdad en el todo y en los detalles y el otro está por la legalidad como texto. Michael Foucalt se ocupó de hacer la historia del derecho como propio de la acumulación capitalista exigida de criminalizar sus oposiciones con instituciones adecuadas. En la acumulación originaria del capital europeo se instituyó el derecho, la jurisprudencia y la profesión de abogado para terminar con los ajusticiamientos públicos luego que un tribunal supuestamente infalible determinaba las culpas ratificadas a base de torturas y vejaciones ampliadas a los familiares. En el campo latinoamericano los procedimientos del feudalismo europeo siguen usándose como consecuencia del caciquismo, esa estructura de poder necesaria a los conquistadores asociados con los dirigentes indígenas para heredar el procedimiento garante del latifundismo y la explotación extrema de las comunidades originarias envilecidas con la complicidad de la Iglesia católica. En los setenta, apellidarse Cabañas, Gervasio, Iturio o Radilla en Guerrero era suficiente para ser golpeado, torturado, encarcelado y en ocasiones desaparecido. Entre las imágenes imborrables proporcionadas para el Museo de Sitio en Atoyac está la de un anciano desnudo enloquecido por la tortura. El debido proceso viene después como sucesión de escritos y trámites en garras de abogados que cobran caros sus servicios cuando no son de organizaciones de servicio social a los perseguidos. Los escritos cuentan con un lenguaje cifrado ininteligible para el preso y las organizaciones populares carecen de cursos de alfabetización para saber que hacer en casos de represión estatal. Cuando mucho, hay cursos de derechos humanos obviamente insuficientes. En lo personal, recuerdo el auto de formal prisión leído por un secretario en una rejilla de Lecumberri. No entendí nada y supuse que estaba perdido por el nombre del documento que en realidad significaba mi acusación como conspirador con un proceso que podía seguir fuera de la cárcel mediante una fianza según me explicó el benemérito abogado de presos políticos Enrique Ortega Arenas que llegó corriendo al final de la diligencia para advertirme que a propósito me habían llevado hasta ahí minutos antes del cierre del juzgado a las tres de la tarde por lo que había que esperar una noche violenta de despedida como en efecto ocurrió como preámbulo a un proceso iniciado con mi secuestro y tortura policiales. En rigor, ni cuando entramos al ritual judicial el debido proceso se realiza, menos cuando se trata de analfabetas o monolingües que no entienden el español.
Dentro de las cárceles, un sistema de autogobierno acordado entre la dirección, los custodios y los mayores de las crujías seleccionados entre los capos mafiosos, somete al prisionero a cuotas para pagar por todo con el dinero de las visitas, con depósitos en cuentas bancarias o con trabajos corporales infames. Desde sus elegantes sitiales, ataviados con sus ridículas togas y asistidos de toda suerte de privilegios, los señores ministros envejecidos en sus negocios, hacen los proyectos sin más consideración que el rigor del texto con una suposición de sus referentes a conveniencia del Estado a quien deben sumisión absoluta. El caso Acteal de manera semejante al de Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, Guardería ABC, masacres de Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, prueban el sentido clasista y racista del sistema jurídico en México. No puede ser de otra forma ante la escalada represiva en todos los órdenes de la administración de la crisis en beneficio de los más ricos y poderosos. A menos que las organizaciones populares apoyaran combativamente a las comisiones de derechos humanos y a los familiares de perseguidos y desaparecidos hasta acabar con la impunidad, las complicidades infames y los encarcelamientos, torturas y desapariciones forzadas.
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