En México el estado de las cosas ha llegado a un nivel intolerable. Los recientes hechos ocurridos en Oaxaca, no dejan lugar a dudas de que vivimos, como diría Gustavo Esteva, un estado de excepción no declarado, donde la movilización y los actos de solidaridad con los movimientos sociales son criminalizados y las garantías ciudadanas son vulneradas sin escrúpulos.
Dentro del contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” ––pretexto perfecto para llevar acabo una guerra no declarada contra los pueblos y sus formas autónomas de subsistencia, gracias a la normalización jurídica de la paradoja de la excepción–– la violencia paramilitar actúa organizada y efectiva, para realizar, mediante la violencia ciega y sin rostro, lo que el poder necesita, pero que por la vía legal no puede. Amparados en la impunidad, se trata de paralizar con el terror toda acción y denuncia, pues las víctimas de antemano están catalogadas como delincuentes y criminales[1]. Por un lado se ataca abiertamente a los procesos sociales de creación de autonomía, con todo lo que esto implica, y por otro se descalifica y criminaliza la solidaridad, y la movilización social.
El 27 de abril pasado la caravana humanitaria que se dirigía al municipio autónomo San Juan Copala, compuesta por representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y observadores internacionales, fue emboscada y agredida con armas de fuego por un grupo de la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), organización paramilitar vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al gobierno del Estado de Oaxaca (Ulises Ruiz). Dicha organización paramilitar fue constituida en 1994 ––evidentemente el año no es mera casualidad–– para destruir un proceso que busca la unidad de la nación Triqui desde la organización autónoma de un pueblo indígena que por décadas ha vivido la división y la violencia entre hermanos, provocada por intereses de control político del partido de estado, el PRI. Asimismo este ataque se inscribe en una estrategia dirigida a todos los procesos de construcción de autonomía, que comunidades y organizaciones en México luchan por construir formas de vida alejada del poder estatal y de todos los partidos políticos. El mensaje del ataque es muy claro, dice Marcos Rascón en su columna de La jornada: “no hay que asomarse a la realidad”, y mucho menos intentar transformarla.
Estos actos de agresión constituyen un acontecimiento preocupante, en particular para los pueblos indios, pero a su vez también dan señales de la estrategia gubernamental hacia los activistas y defensores de Derechos Humanos que se solidarizan con los movimientos sociales. “La tendencia es reprimir por todos los medios, que nadie se acerque a la realidad y se acepten las versiones oficiales como únicas. Eso significa que el poder paramilitar está creciendo y que la represión se ajustó a las nuevas formas “de la democracia”[2]. La violencia paramilitar fomentada desde el poder gubernamental actúa dentro de un espacio donde el carácter normativo de la ley y las garantías fundamentales ha sido desactivado, y se produce un estado de excepción permanente, a pesar de que se afirma que se esta aplicando la ley.
Lo cual no es mera retórica, pues la emboscada tuvo como saldo varios heridos y la muerte de la mexicana Beatriz Cariño Trujillo ––activista social con una larga trayectoria de lucha por los derechos humanos y en favor de la libre determinación de los pueblos indios–– y el internacionalista finlandés Jyri Antero Jaakkola, integrante de la Unión Uusi Tunli ry (Nuevo viento), al intentar romper el cerco tendido por la Ubisort sobre el municipio autónomo de San Juan Copala, para poder entregar alimentos, ropa y un mensaje de solidaridad a sus habitantes, que desde hace meses se encuentran incomunicados y sin luz eléctrica por su determinación política de construir la autonomía en los hechos [3]. Es decir que fueron atacados mientras ejercían su derecho a solidarizarse.
Los actos perpetrados por el grupo paramilitar Ubisort, muestran un estado de cosas en el que se da una represión abierta contra procesos y formas autónomas de crear alternativas y formas de acceder a los bienes materiales de subsistencia y garantizar derechos económicos, políticos y culturales. Esta forma especifica de represión, vía el paramilitarismo priísta, muestra claramente las complejas redes de poder que se tejen con razones instrumentales, compartidas por quienes aceptan ser instrumentos de la dominación para mantener el orden de explotación y despojo imperante en México contra los pueblos indios. Asimismo devela la actual y cruenta disputa política y territorial, que se vive concretamente en el territorio Triqui, disputa que tiene sus raíces en una larga historia de colonialismo, explotación y despojo.
Para los triquis de San Juan Copala, estos actos no son nada nuevo, pues han sido y son protagonistas de una larga historia de resistencia en contra del despojo y desarticulación territorial, así como por la defensa de su cultura, formas de gobierno y subsistencia. La lucha del municipio autónomo de San Juan Copala, se enmarca dentro de un proceso más amplio, en el que los pueblos indios y campesinos mexicanos han protagonizado fuertes luchas de resistencia por recuperar y mantener el control de sus territorios y librarse de la sumisión al Estado mexicano, practicando iniciativas de independencia política, autogestión socioeconómica y autogobiernos locales y regionales.
Estas luchas son, como dice Armando Bartra, por Tierra y Libertad en el sentido más radical de los términos, pues es recuperar la tierra de las ciegas veleidades del mercado, otorgándole una función social; un sentido justiciero que no se agote en la tenencia, sino que se extienda a la producción y la distribución; una utilidad pública, no sólo como medio de trabajo, también como hábitat y territorio histórico, como medio ambiente, como paisaje. Se quiere la tierra pero no a cambio de sumisión al Estado y su lógicas autoritarias; “la libertad del apotegma zapatista significa autonomía en la gestión económica y autogobierno; la democracia como complemento insoslayable de la justicia”[4] El reclamo indígena de tierra y libertad [autonomía] trae consecuencias estructurales en la composición y distribución territorial del Estado, ya que la compleja cuestión de la integración de la territorialidad indígena al Estado y la adaptación de éste a la lógica de la territorialidad indígena tendrá que realizarse desde una perspectiva intercultural, y no colonial-estatal, como hasta ahora.
Los pueblos indios reivindican la autonomía como un derecho político público, que “incluye: control político y jurisdiccional de la territorialidad; autonomía de uso y explotación; control social y espiritual del territorio y sus recursos; libertad interna para una distribución de derechos intra-territorial; control económico del territorio; y seguridad jurídica en el territorio”[5].
El territorio indígena constituye un bien colectivo transgeneracional y garantía de existencia futura, es decir una unidad ecológica fundamental donde se desarrolla la vida de los pueblos en sus múltiples expresiones y formas, ya que es fuente de convivencia, saberes, de cultura, identidad, tradiciones y derechos. Es por esto que “el territorio es el locus de los deseos, demandas y reclamos de la gente para reconstruir sus mundos de vida y reconfigurar sus identidades a través de sus formas culturales de valorización de los recursos ambientales y de nuevas estrategias de reapropiación de la naturaleza (…) el territorio es lugar porque allí arraiga una identidad en la que se enlazan lo real, lo imaginario y lo simbólico.[6] La lucha por la tierra, en el sentido de territorio, a final de cuentas es la lucha por un lugar, no únicamente como espacio físico dotador de medios materiales de subsistencia, sino de un lugar para la palabra; un lugar en la historia; de solidaridad, fruto de actos recíprocos de devoción mutua; como atmósfera creada por gente que comparte su morada, un suelo común, sustento de cultura y cosmovisión. Tierra y comunidad que están entrelazadas, con un pasado, un presente y un futuro.
Por lo anterior la lucha por la tierra ––por el territorio–– constituye una reivindicación que llevada a sus últimas consecuencias cuestiona la viabilidad del orden social existente. La finalidad de la lucha no se limita al simple usufructo de la misma, sino que incluye el derecho a su gestión autónoma, incluyendo la defensa sus recursos naturales (flora, fauna, semillas, agua, etc.) elementos inherentes de sus culturas, sustento permanente, garantía de autonomía y autoabasto y una manera de organizar la producción y la vida. Es una lucha por la subsistencia, y por poner límites a la voracidad del mercado ––encarnado en las empresas trasnacionales, gobiernos y caciquismos locales, y los paramilitares a su servicio–– y el reconocimiento de la pertinencia de racionalidades y tecnologías diversas para crear las condiciones materiales y espirituales donde sea posible de una vida digna de ser vida.
Como se ve este conflicto tiene sus bases en una contienda histórica, producto del orden colonial que aún subsiste. La esperanza radica en que a pesar del despojo y la desigualdad [histórica] imperante, el descontento popular es capaz de crear prácticas colectivas, para la reapropiación de su contexto, abriendo espacios para las prácticas y acciones grupales, como canales de empoderamiento. Distintos procesos y organizaciones campesino/indígenas defienden su derecho a la tierra, creando procesos de organización social, para la reapropiación de sus recursos y sus saberes de subsistencia y de construcción de espacios de interacción y decisión política. De este modo, la determinación de construir el municipio autónomo de san Juan Copala, atiende a la necesidad de crear una realidad más digna, ante el agotamiento de las instituciones locales, que se han vuelto incapaces de atender los reclamos sociales, la situación concreta en que viven los triquis de San Juan Copala, los procesos políticos, históricos y recientes de la región, y las políticas antidemocráticas, corruptas, de discriminación y exclusión que se practican desde el gobierno del estado y federal, además junto con ello la persistente y brutal explotación de la mano de obra triqui y un irracional saqueo de los recursos naturales de su territorio.
Como en otras partes de la República, la creación del municipio autónomo de San Juan Copala representa una respuesta pacífica de los pueblos indígenas por encontrar espacios de participación y representación política, atendiendo a sus condiciones económicas, políticas y culturales concretas. Se recuperan viejas instituciones y prácticas comunitarias, adaptándolas a sus propias necesidades. Por eso cada que lo hacen apelan a su derecho a la libre determinación en su versión de autonomía. Por esa razón, el ejercicio de su derecho a la autonomía representa la posibilidad de superar el sometimiento político y económico en que se encuentran, de tal manera que puedan participar de la vida política, económica y social del estado y la nación, en igualdad con otros municipios y sin perder su especificidad sociocultural[7].
Por lo anterior, el municipio autónomo de San Juan Copala, al reapropiarse de su lugar y al construir su autonomía en los hechos pone en práctica en su cotidiano otra forma de hacer política y una juridicidad que cuestiona bases del orden social imperante, utilizando normas, principios e instituciones diferentes a la lógica jurídico-política de la modernidad capitalista.
Este conflicto jurídico-político, se libra entre un derecho que nace del Estado que no representa los intereses y necesidades reales de la gente, al ponerse al servicio de las clases dominantes y los intereses del mercado y el capital, permitiendo el despojo y la explotación; y otro derecho que nace del pueblo ––como pluralismo jurídico y epistemológico–– que surge a partir de sus necesidades y vivencias comunitarias[8] . Se trata de una disputa por el poder de la enunciación jurídica entre el poder estatal y otras situaciones y espacios sociales, que mediante la recuperación de la memoria antigua, el saber histórico de las luchas y la puesta en marcha de procesos sociales que crean conceptos y realidades para la construcción de condiciones de dignidad humana, arrebatan a los partidos políticos y el Estado el monopolio de lo jurídico y lo político, devolviendole al pueblo su capacidad de decisión.
Esto es lo que tanto molesta a los señores del dinero y el poder ––que son los mismos señores de horca y cuchillo––, y se ven en la necesidad de reprimir para conservar sus privilegios, pues la lucha de resistencia del municipio autónomo de San Juan Copala ––al igual que otras luchas campesino-indígenas en México–– constituye un contrapoder capaz de producir realidad, una realidad más digna, pues el acto de creación de Derecho, desde el seno de las comunidades, hace posible un proceso de autoafirmación, autoconciencia y reivindicación de la identidad campesina e indígena vivida en la autonomía y auto-organización. Este ejercicio de pluralismo jurídico, constituye una práctica jurídico-política liberadora porque produce solidaridad y genera un concepto distinto de la política, como servicio y apertura al otro[9].
Por esto los crímenes perpetrados por Ubisort, y quien esta detrás de ellos, no pueden quedar impunes, pues constituyen un ataque no sólo a la experiencia Triqui en San Juan Copala, sino contra todos los pueblos indios y campesinos que construyen su autonomía en los hechos y el legitimo derecho que tenemos a solidarizarnos con ellos.
[1] Marcos Rascón, “Paramilitarismo”, en La Jornada, México, 5 de mayo de 2010
[2] Idem supra
[3] Francisco López Barcenas, “San Juan Copala: Crónica de una represión anunciada”, en La jornada, México, 29 de abril de 2010[4] Armando Bartra, “Una de cal: proyecto de ley para la soberanía alimentaria”, La jornada, México, 15 de abril de 2006.
[5] Asier Martínez de Bringas “La deconstrucción del concepto de propiedad. Una aproximación intercultural a los derechos territoriales indígenas”, Revista de investigaciones jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, México, 2007, p. 661,662
[6] Enrique Leff, Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza, Ed. Siglo XXI, México, 2004, p. 125
[7] Francisco López Barcenas, “El municipio autónomo de San Juan Copala”, en La jornada, México, 10 de enero de 2007[8] Cfr. Jesús Antonio de la Torre Rangel, el derecho que nace del pueblo, Ed. Porrúa. México, 2006.
[9] Cfr. Jesús Antonio de la Torre Rangel, Liberación y Derecho. Pluralismo Jurídico y Resistencia, ponencia presentada en el 7º Coloquio Académico “Ni una vida más para la toga”, Homenaje a Franz Fanon, en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, Mayaguez, Puerto Rico, 16 de abril de 2009.
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