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domingo, 31 de enero de 2010

Estado de derecho, derecho comunitario y leyes federales.





Desde la malograda reforma constitucional, generada por la traición de la plutocracia partidista que desde hace ya un buen tiempo gobierna México, al espíritu original de los Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno de Ernesto Zedillo y la Comandancia General del EZLN, se han originado una serie de reformas constitucionales, todas bajo la supuesta protección, ya de los derechos de las “minorías”, del nonato, del entorno ecológico, etc., y al mismo tiempo se ha posicionado a las instituciones federales como las únicas tuteladoras de cualquier “grupo vulnerable” como eufemísticamente se llaman en los corrillos oficiales, colocando, más todavía, a los tutelados en la indefensión total, tal es el caso particular de las comunidades originarias.


Una de las dependencias federales que ha tomado el control de las acciones comunitarias es la PROFEPA, ente que junto a la SEMARNAT, se ha encargado de “proteger” a las especies y, cuando es necesario, avalar concesiones mineras, sobre bosques, eólicas, sobre aguas, etc., si así es necesario para legitimar la política pro-megaproyectos del gobierno federal y los gobiernos locales aliados al capital trasnacional. Como se ha denunciado por parte, primero del CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA y, posteriormente por medio del CONGRESO AUNTÓNOMO CUICATECO, en la región cuicateca, particularmente en cuatro comunidades pertenecientes al Municipio de san Juan Tepeuxila, se otorgó por la SECRETARÍA DE MINAS, dependiente de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA, por medio de todas las malas artes de las que el Estado es capaz, por supuesto sin ninguna formalidad jurídica, una concesión de cincuenta años sobre 3500 has., hasta aquí no habría mayor implicación de no se porque los organismos “protectores” mencionados, PROFEPA y SEMARNAT, han negado sistemáticamente conocer del hecho, al menos, argumentan en lo relacionado al medio ambiente, paradójicamente, esta región comparte el territorio de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, lo cual supondría que se encuentra protegida.

Hasta aquí esto podría ser irrelevante a no ser por los acontecimientos más recientes, hacia finales del año 2009 un grupo de policías federales, PFP, a bordo de una camioneta recorrían la carretera de terracería que une a la comunidad de San Juan Tepeuxila con Cuicatlán y coincidieron con un vecino de dicha comunidad el cual se dirigía a sus actividades cotidianas, en posesión de una escopeta, su machete y una navaja, esta situación ocasionó que fuera detenido y sin mediar ninguna observación ni validar ningún argumento de su parte fue despojado de sus herramientas y remitido hasta la ciudad de Oaxaca, sin enterar de ello a los representantes comunitarios, sobre todo porque los hechos sucedieron en su jurisdicción, en donde se le impuso una multa cercana a los cuarenta mil pesos, por supuesto sin devolverle lo que legítimamente le pertenece.

A ello es necesario precisar que dadas las características y las costumbres de los vecinos de las diferentes comunidades cuicatecas es, más que, común que porten algún tipo de arma de fuego, generalmente escopetas de pequeño calibre y excepcionalmente pistolas, por cierto todas con los permisos de ley ya que existe la tradición de notificar oficialmente a las autoridades correspondientes de su existencia. Este primer incidente abrió la puerta para otras acciones sucesivas de la misma PFP, ahora con el pretexto de la aplicación de las leyes federales de armas de fuego, convenientemente sin notificar de manera oficial a las autoridades correspondientes, ignorando que San Juan Tepeuxila es un municipio autónomo, de acuerdo a las leyes mexicanas, y que es en su territorio y a sus ciudadanos a quienes afectan directamente estas acciones, a partir de estos hechos se pueden documentar al menos otros cuatro acontecimientos similares, la detención de un vecino de la comunidad cuando regresaba de sus labores, su delito transitar con la yunta en el camino, fue despojado de doscientos pesos, lo único que traía en efectivo.

Otra más en las vacaciones de fin de año un grupo de jóvenes escolares se encontraba vacacionando y decidió visitar una pequeña represa conocida como Matamba, ahí fueron detenidos por una patrulla de la PFP, misma que con el pretexto de proteger su integridad los amedrentó y al percatarse de que eran, en su mayoría, menores de edad se les “permitió” continuar con sus actividades, no sin advertirles de los “peligros” que entrañaba andar en la zona, que hasta ahora no representa ningún peligro para nadie pues en la zona se goza de tranquilidad permanente, salvo cuando las patrullas de la PFP hacen su aparición.

La preocupación mayor de la comunidad de San Juan Tepeuxila se ha generado a partir de una serie de acontecimientos relacionados con la PROFEPA y SEMARNAT, como es del conocimiento público estas dependencias desarrollan programas de “protección” ambiental y de los recursos naturales, que casualmente abundan en la región de la que hablamos, para ello han establecido convenios con varias comunidades de la región para financiar programas de reforestación y protección de especies, Tepeuxila no ha sido la excepción, hasta aquí no habría mayor dificultad a no ser que con el pretexto de “vigilar” el desarrollo de los proyectos los representantes de PROFEPA y SEMARNAT han iniciado un hostigamiento sistemático en contra de la población, tomándose atribuciones que no les corresponden.

Es necesario aquí puntualizar que existe un derecho comunitario, expresado en el Estatuto Comunal correspondiente y que en concordancia con las leyes estatales como la LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE OAXACA, La LEY AGRARIA y por supuesto las Constituciones estatal y Federal, además de las otras que se derivan de su naturaleza, faculta a la comunidad y a sus representantes a tomar todas las decisiones relacionadas con el territorio y la conservación de los recursos que se hallan en el mismo, lo cual no es más que parte del espíritu comunitario en tanto que la vida de la misma gira entorno a una relación de respeto y armonía con la naturaleza, los cuicatecos como los demás pueblos originarios somos parte de la naturaleza, pertenecemos a ella, no nos pertenece.

Como podrá derivarse de ello, es evidente que la relación hombre-naturaleza tiene para nosotros un papel fundamental en la vida y su preservación, como pueblo hemos convivido con nuestro medio durante miles de años, así existen mecanismos que garantizan plenamente que la relación de los miembros de la comunidad con el medio no son de depredación, pensamos que la naturaleza y todos los miembros que la componen somos complementarios y solo cuando se corre un riesgo claro actuamos, como es natural en defensa de nuestra integridad.

En nuestras comunidades existe una idea perfectamente clara de la relación con el entorno y cuando esta se altera por alguna razón se hacen las notificaciones correspondientes a la comunidad y ésta por las vías institucionales realiza las notificaciones correspondientes, en este sentido los últimos acontecimientos en San Juan Tepeuxila son especialmente ilustrativos, como señalaba anteriormente, la PROFEPA y SEMARNAT, con el pretexto de “apoyar” en las tareas que les competen ha pretendido intervenir directamente con los miembros de la comunidad, pretendiendo determinar las formas en que la comunidad debe realizar sus funciones vitales, prohibiendo a los comuneros utilizar los recursos que por ley les pertenecen, aquí hasta ahora el régimen de propiedad es comunal, con todo y los intentos de la Procuraduría Agraria, PA, por revertirlo, primero vía PROCEDE y ahora por la vía del FANAR, por tanto la adjudicación de los espacios se realiza por Asamblea y mediante la noción central de la preservación.

El argumento del dúo PROFEPA y SEMARNAT, en el territorio se hayan especies protegidas, fauna y flora por igual, por lo que según los inspectores y funcionarios de esta institución han pretendido determinar qué destino deben tener las tierras de la comunidad, algo que históricamente ha determinado la comunidad misma, con gran conocimiento de las dinámicas del territorio, mismo que han preservado sin la ayuda de dicha dependencia ni de otra.

Adicionalmente, siguiendo los usos y costumbres, cuando es necesario tomar decisiones relacionadas con las especies protegidas los comuneros, desde siempre, siguen el canal comunitario, dar aviso a la representación comunitaria, la cual procede de acuerdo a las formalidades del caso, así en fechas recientes se han dado al menos dos casos dignos de ser considerados.

Uno de ellos relacionado con el pastoreo de ganado, en la comunidad es una tradición utilizar los pastizales de las tierras comunitarias para engordar y mantener el escaso ganado que se cría en ella, las instancia comunitarias manejan los tiempos y las condiciones en las que los comuneros pueden, o no, hacer uso de dichos recursos, sin embargo la PROFEPA y SEMARNAT, han amenazado a los comuneros con proceder sin siquiera analizar las circunstancias con el pretexto de que el ganado daña los pino jóvenes, mismos que se plantaron por la comunidad, mediante trabajo comunitario, llamado Tequio, solo que como parte de los programas impulsados por PROFEPA y SEMARNAT, lo cual en opinión de los empleados que se han presentado en la comunidad les faculta para “intervenir” y castigar si es necesario.

El otro, más preocupante porque ha unido las acciones de la PFP, mencionadas anteriormente, a las de PROFEPA y SEMARNAT, se relacionan con las especies de la fauna protegidas por las leyes federales, particularmente el caso del puma americano, especie que se encuentra en las tierras cuicatecas, en la comunidad existe un espacio conocido como “tierra caliente”, parte de la reserva de la biósfera Cuicatlán-Tehuacán, mismo que se compone de tierras de alta productividad, las cuales en otras épocas contribuyeron a la subsistencia de la comunidad, con el paso del tiempo y el surgimiento de otras condiciones de vida fueron abandonadas paulatinamente por lo que el puma las ocupó, como es natural en un momento dado esta especie empezó a interactuar con los comuneros, no necesariamente para bien, en tanto que se trata de una especie salvaje.

En estas circunstancias, los pumas empezaron a depredar el ganado de los comuneros, al menos un par de burros, un caballo y algunos novillos, reses jóvenes, lo cual fue notificado a la representación comunitaria, misma que a su vez reportó a PROFEPA y SEMARNAT quienes se comprometieron a analizar el caso y a intervenir en caso necesario, evidentemente nunca lo hicieron, a lo sumo cuestionaron el hecho de que la comunidad interactuara con las especies, incluso alguno de los funcionarios “sugirió” que la comunidad se trasladara a otro sitio ya que dicha especie tenía “derechos” que no podían ser violados, ¿ignorancia o mala fe?.

Como era de preverse llegó el momento en que los felinos irrumpieron en la comunidad, poniendo en riesgo a los habitantes de la misma, así un comunero, realizando sus labores agrícolas cotidianas tuvo el infortunio de toparse con una puma, la cual atacó a sus perros, matándolos, intentando agredir a un hijo del comunero por lo que éste tuvo que intervenir dando muerte al animal, acto seguido, como corresponde a las normas comunitarias el comunero dio aviso a la representación comunitaria, el Comisariado de Bienes Comunales, para que como corresponde a las normas diera el aviso a la PROFEPA y SEMARNAT y éstas dependencias actuaran conforme a lo que les corresponde, lamentablemente una filtración de la información permitió al trío PFP, PROFEPA y SEMARNAT, intervenir en un aparatoso operativo en la comunidad de San Juan Tepeuxila con el pretexto de detener y proceder en contra del comunero y al no localizarlo se amenazó a la comunidad con regresar e iniciar un operativo conjunto para requisar las armas de los comuneros, que como mencionamos más que armas son herramientas para el trabajo.

Ante ello planteamos algunas preguntas, ¿justifica la existencia de leyes sean federales, sean locales, atentar contra los derechos humanos de las comunidades?, con el pretexto de proteger la vida salvaje, con todo lo valioso que en ello hay, ¿es más valiosa la vida de las especies que la de las comunidades?, o bien podemos concluir que esta aparatosa reacción de las “autoridades” vía las dependencias mencionadas constituye una especie de forma de represión y hostigamiento, en una zona en la que a voces se han pronunciado en contra de la posible implementación de un proyecto, ese sí indudablemente mortal, no solo para las especies protegidas, sino para toda forma de vida, nos referimos al proyecto minero “Raquelita I”, el tiempo revelará la dimensión real del asunto.

Mientras tanto apelamos a las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales a mantener la atención en ello, sobre todo porque la comunidad ha decidido refrendar el apoyo al comunero lo que eventualmente puede servir de pretexto para acciones punitivas por parte del Estado y sus instituciones.

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