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domingo, 22 de noviembre de 2009

Denuncian contaminación y militarización




Aunque suele decirse que nadie experimenta en cabeza ajena, presentamos una nota relacionada con la minería y las implicaciones sociales que suele generar, si bien es cierto la región cuicateca aùn no enfrenta directamente situaciones similares, es necesario denunciar a la opinión pública los más recientes acontecimientos al respecto y apelar a la solidaridad para sucesos que eventualmente se estén preparando en contra de quienes abiertamente nos oponemos a la implementación de proyectos destructivos.


Manuel de la Cruz/San Cristóbal de Las Casas
Un grupo de organizaciones sociales denunciaron la excesiva contaminación que generan empresas mineras en los municipios del estado a la par de la militarización con el objetivo de silenciar las inconformidades.
Según Enrique Murias en reiteradas ocasiones han pedido al gobierno chiapaneco la cancelación de al menos 53 licencias expedidas a las multinacionales extranjeras que explotan los recursos naturales extraídos en minas sin que sean atendidos en sus reclamos.
En los municipios de la Costa y Sierra chiapaneca “se han contaminado los ríos con los materiales residuales que las empresas arrojan a los cauces afectando a la población que consume el agua, además que dañan irreversiblemente al medio ambiente y animales de la región”.
Es por ello que han surgido organizaciones claramente antimineras en varios municipios del estado.
En respuesta el gobierno mexicano ha militarizado las regiones donde germinan las inconformidades.
Señaló que en el Frente Regional Contra las Privatizaciones y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FRCP-FNLS) agrupa varias ONGs que “han alertado sobre los riesgos de la contaminación desmedida al medio ambiente si siguen expidiendo licencias a las empresas norteamericanas que sólo están interesadas en exfoliar los recursos del estado”.
En su opinión al deterioro ambiental se deben sumar los problemas ecológicos y sociales.
Los municipios que más han resentido los efectos negativos de la explotación de minas a cielo abierto son Chicomuselo, Motozintla, Mapastepec y Acacoyagua, así como otros más, donde la población se ha declarado en resistencia y rechaza abiertamente a las multinacionales.
Por eso han organizado varias reuniones en estos municipios con activistas del estado y organizaciones de Guatemala para que la población denuncie los excesos de las empresas.
Murias dijo que sus compañeros han sido víctimas de represalias, hostigamiento policíaco y militar y amenazas de muerte de parte de funcionarios del gobierno del estado que protegen los intereses económicos de los inversores de Estados Unidos y Canadá.
Según él, desde que comenzaron su lucha contra las más de 50 concesiones que el gobierno del estado otorgó a cuatro multinacionales mineras se intensificó la campaña contra los denunciantes.
Las organizaciones aseguran “que al mismo tiempo se da la paulatina militarización de la Sierra Madre con especial énfasis en los puntos donde se sabe que existen yacimientos minerales”.
El FRCP-FNLS dijo que este proceso policíaco-militar continúa avanzando en la región con evidente intención de intimidar a los que se oponen a la explotación a cielo abierto de las minas, silenciar las críticas y sobre todo frenar la organización de comunidades en resistencia.
El avance de las tropas federales se da con recursos que el gobierno de Estados Unidos da a través del Plan Mérida.
Sostienen que “el Plan Mérida tiene como objetivo oculto el resguardo militar de los recursos naturales y estratégicos de México para que puedan ser saqueados por el capital transnacional”.
Lo que queda demostrado con el hecho de que la Sierra Madre está ocupada por el ejército mexicano, policías federales y estatales quienes han colocado retenes en sitios estratégicos para interrogar a conductores y revisar las unidades en la supuesta búsqueda de armas y drogas.

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