Acuerdos de la XXVII Reunión Ampliada del Congreso Nacional Indígena en la Región Centro Pacífico.

CONGRESO NACIONAL INDIGENA
REGIÓN CENTRO PACÍFICO
DECLARACION DE UWENI MUYEWE

Convocados y reunidos para realizar la XXVII Reunión Ampliada del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico en la comunidad autónoma wixárika de Uweni Muyewi (Bancos de San Hipólito), Durango, las autoridades y representantes indígenas pertenecientes a los pueblos wixárika, cora, odam, coca, nahua, purhépecha, triqui, ñahñu, tzotzil y mixteco de los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, San Luis Potosí, Chiapas, Puebla, Guerrero y Tlaxcala, y acompañados en el camino por la luz de la luna en crecimiento que marca el inicio de la siembra y nos otorga la fuerza y la buena palabra para platicarnos y hacer acuerdos en el Congreso Nacional Indígena que es la casa de nuestros pueblos y CONSIDERANDO que:

1.- A 200 años de que estallara la revolución de independencia y a 100 años de la revolución mexicana, nuestros pueblos, naciones y tribus, mismos que aportaron sus vidas y su sangre para el triunfo de estas luchas, hoy como desde hace 518 años siguen siendo despreciados, discriminados y sin ser reconocidos en sus derechos fundamentales, es decir, somos verdaderos desconocidos en nuestras propias tierras. Ocurriendo que las constituciones de 1824, 1857 y 1917 no solo han desconocido la existencia de nuestros pueblos, sino que además buscaron la desaparición, exterminio, explotación y muerte de nuestros pueblos, nos preguntamos ¿Qué tenemos que festejar?
Nuestro festejo es el grito del ¡Ya Basta! del levantamiento armado de nuestros hermanos zapatistas en 1994, las autonomías y la libre determinación que nuestros pueblos construyen en la vía de los hechos es para nosotros la otra política que se construye desde abajo, a la izquierda y anticapitalista.

2.- La historia actual de nuestros pueblos es una historia de despojos y represión, en consecuencia vamos a contar una parte de esa otra historia de las naciones, pueblos y tribus que somos el Congreso Nacional Indígena, donde nuestras luchas de resistencia son criminalizadas y donde quienes luchan son convertidos en delincuentes por una justicia corrupta e instituciones viciosas.
Los pasados 22 y 23 de febrero de 2010, la comunidad de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán del pueblo Wixárika, fue reprimida en su peregrinación tradicional cuando se encontraba en una ceremonia en el lugar sagrado de Wirikuta y la policía estatal de San Luis Potosí amenazó y hostigó durante 15 horas a los peregrinos mientras estaban haciendo su ceremonia ancestral, burlándose y dañando nuestra memoria colectiva, lo que no solo es un atentado contra la comunidad de Tuapurie, sino contra todo el pueblo wixárika y todos los pueblos indígenas. Con ello el Estado Mexicano viola el convenio de Viena sobre plantas psicotrópicas y el convenio 169 de la OIT.
Señalamos que Tuapurie ha sido objeto de múltiples agresiones y hostigamientos desde que haciendo uso de su derecho territorial y autonomía se opuso y detuvo la imposición del proyecto carretero Amatitán-Bolaños-Huejuquilla en 2008; tal es el caso de la represión laboral contra los comuneros profesores que fueron destituidos y cambiados de puestos y zonas en complicidad con el sindicato y autoridades educativas, difamación y hostigamiento contra sus autoridades y amenazas de muerte contra comuneros por grupos paramilitares organizados por el mal gobierno.
El día 18 de Marzo la policía municipal de Huejuquilla, en una maniobra de asaltantes siguió y disparó contra un vehículo de la comunidad de Tatei Kie- San Andrés Coamiata en el poblado llamado San Antonio de Padua, Zacatecas, hiriendo de bala a 4 comuneros.

El pasado 23 de febrero, los comuneros nahuas de Santa María Ostula, Gerardo Vera y Javier Martínez fueron secuestrados por un grupo fuertemente armado sin que hasta la fecha sepamos de su paradero, teniendo la seguridad de que dicho acto fue cometido por un grupo paramilitar con la finalidad de frenar la lucha de Ostula por el rescate de sus tierras. Asimismo, los últimos días diversos comuneros han sido perseguidos y amenazados por grupos armados ligados al narcotráfico, sin que el gobierno haga nada.

En los treinta años de trayectoria del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, han sido asesinados mas de 350 hermanos, destacando la muerte de Guadalupe Flores Villanueva “el maestro nato”, Paulino Martínez Delia, Luis Flores García, Roberto Merino, Hilario González Domínguez, Juan Alfonso Robles y de los lideres naturales Ramón Celestino, Camilo Cirilo Castañeda. Todos ellos muertos por pistoleros a sueldo sin que hasta el momento se haga justicia.

En San Antonio Ebulá y Candelaria, Campeche, nuestros hermanos han sido golpeados y encarcelados con la finalidad de despojarlos de sus tierras e impedir su resistencia a las altas tarifas que impone la Comisión Federal de Electricidad.

Asimismo todas las regiones indígenas de Guerrero y Oaxaca han sido fuertemente militarizadas, destacando la guerra de exterminio en contra de los pueblos mepha y mixteco de Ayutla, Guerrero, el acoso en contra del pueblo amuzgo de Xochistlahuaca y su radio Ñomndaa, así como la persecución en contra del Consejo Indígena y Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón.

El día tres de enero del presente año el hermano rarámuri Pedro Moreno Carrillo, miembro de la comunidad indígena de Huitosachi, Chihuahua, apareció muerto después de que en los meses anteriores fue amenazado, perseguido y baleado por defender las tierras correspondientes a su comunidad.

El 28 de febrero de este año el ejército federal se introdujo en la comunidad indígena de Misión de Chichimecas, Guanajuato, perteneciente al pueblo ézar, resultando golpeados y detenidos diversos comuneros que trataban de impedir la elección impuesta de su delegado municipal. En días posteriores ocho comuneros de Misión de Chichimecas, incluido su presidente de bienes comunales, fueron arbitrariamente detenidos por ordenes del ministerio publico de San Luis de la Paz, acusados del delito de despojo en agravio del grupo de empresarios que desde hace años les vienen arrebatando sus tierras.

Actualmente doce hermanos de la comunidad nahua de Chimalaco, San Luis Potosí, son procesados penalmente por el delito de despojo, después de que hace dos años recuperaron las tierras que precisamente les habían sido despojadas por quien ahora los acusa. Incluso han sido denunciados en forma absurda de la inhumación clandestina de cabezas de ganado.

Hoy en día se encuentra preso y condenados a 112 años de reclusión el hermano Ignacio del Valle de la comunidad nahua de San Salvador Atenco, Estado de México, y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusado de los delitos de despojo y ataques a las vías generales de comunicación. Por los mismos delitos se encuentran encarcelados y condenados a 67 años de prisión los hermanos Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa. Finalmente nueve integrantes más del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se encuentran condenados a 37 años de prisión.

3.- La guerra de contrainsurgencia en contra de las comunidades zapatistas de Chiapas se sigue intensificando con el desalojo masivo de comunidades enteras y la amenaza constante por parte del grupo paramilitar OPDDIC en contra de estas comunidades y de otras comunidades indígenas que sin ser zapatistas participan en la Otra Campaña y resisten el despojo de sus tierras para imponer proyecto carreteros y turísticos.

4.- Con la finalidad de facilitar el despojo de nuestros territorios y culturas, el estado mexicano con las participación de todos los partidos políticos, ha modificado la Constitución, y ha aprobado un conjunto de leyes y políticas publicas que permiten a las grandes empresas la destrucción de la madre tierra y la apropiación de todo lo que se guarda en ella, como son el agua, manantiales, lagunas, arroyos, ojos de aguas, ríos, los cerros, nuestras plantas, animales, montes, costas, minerales, aire, lluvia, islas, nuestro maíz y nuestros saberes, danzas, ceremonias, música, lengua, vestimenta, peregrinaciones y todo lo que hemos construido y resguardado por miles de años en nuestra relación con la madre tierra.

5.- Para los de arriba el bicentenario y el centenario representan un festejo de alegría porque están devorando a nuestros pueblos y a nuestro país, para nosotros los de abajo representan la muerte y una gran preocupación. ¡Ya Basta! Para enfrentar tanta injusticia nosotros consideramos que es necesario un nuevo camino: el de la autonomía, la libre determinación y el juntarnos con todos los de abajo.

En consecuencia con lo expresado arriba, hacemos el siguiente pronunciamiento:

1.Saludamos y reconocemos a las autoridades autónomas elegidas recientemente de manera tradicional por la comunidad de Uweni Muyewe (Bancos de San Hipólito), igualmente nos congratulamos con los importantes logros organizativos y jurídicos alcanzados de manera autónoma por esta comunidad, reconociendo que su lucha no solo es por la recuperación de las 10,720 hectáreas de las que fueron despojados, sino por el reconocimiento real de su derecho a la propiedad del territorio que han habitado desde tiempos inmemoriales, lo que representa una lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de México y el mundo. Reconocemos en su lucha una lucha sagrada por continuar el trabajo empezado por lo antepasados cuando fueron naciendo la vida en el mundo.

2.Advertimos que prevalece el intento de imposición de la carretera Amatitán-Bolaños-Huejuquilla en territorio de la comunidad de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán, mediante la represión, fraudes y mentiras del mal gobierno, por lo que señalamos que como pueblos indígenas organizados no permitiremos este despojo, sabiendo que la defensa del territorio debe ejercerse por todos los medios necesarios, defendiendo también los lugares sagrados y su peregrinación ancestral.

3.Denunciamos el intento de despojo de una superficie de 800 hectáreas de la comunidad Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) por el ejido Puente de Camotlán, Nayarit, en contubernio con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y otras instancias de gobierno que valiéndose de los problemas limítrofes entre Jalisco y Nayarit pretenden legitimar este despojo. Exigimos la inmediata solución a la invasión agraria por acaudalados ganaderos de Chimaltitán, Jalisco y La Yesca, Nayarit que pretenden hacer valer escrituras apócrifas como pequeñas propiedades y exigimos la cancelación definitiva de todas las concesiones de agua en manos de particulares y gobiernos invasores.

4.Condenamos el ataque armado que como delincuentes realizaron policías de Huejuquilla, Jalisco contra comuneros de la comunidad wixárika de Tatei Kie (San Andrés Coamiata), advirtiendo que es una amenaza y provocación contra todo el pueblo wixárika, por lo que responderemos en consecuencia.

5.Denunciamos la embestida de invasores que roban parajes del territorio de la comunidad indígena coca de Mezcala, Jalisco, como es el Pandillo, La Zalatita, La Cuesta, La Clavillina, teniendo a personal armado vigilando, por lo que los hacemos responsables de cualquier atentado en contra de los comuneros y autoridades de dicha comunidad, pues nuestra lucha es por la conservación de nuestro territorio. Asimismo volvemos a reiterar que no permitiremos que el corazón del pueblo coca, la isla de Mezcala, sea convertida en un atractivo turístico con el pretexto del festejo del bicentenario.

6.Exigimos el respeto a la totalidad de las tierras pertenecientes a la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, incluido el paraje conocido como Xayakalan, así como el respeto a la policía comunitaria y guardia comunal del pueblo nahua de la costa de Michoacán y la presentación con vida de los comuneros Javier Martínez y Gerardo Vera. Nos pronunciamos en contra del plan de desarrollo integral para la costa de Michoacán.

7.Exigimos el cese de la represión gubernamental en contra del pueblo triqui y sus organizaciones que luchan por el respeto a sus derechos, así como el castigo a quienes han organizado los grupos paramilitares que operan en la región.

8.Denunciamos la persecución gubernamental en contra de la comunidad nahua de Chimalaco, San Luis Potosí y exigimos el respeto a las tierras que le corresponde y que en los últimos años ha recuperado en forma pacifica y legal.

9.Denunciamos la invasión por parte de empresas mineras en el territorio de la comunidad nahua de Ayotitlan, así como la ocupación de las tierras de la comunidad nahua de Tuxpan por parte de grandes empresas aguacateras y de invernaderos y exigimos el respeto a la autonomía territorial del pueblo nahua del sur de Jalisco.

10.Denunciamos la militarización de la comunidad ézar de Misión de Chchimecas, Guanajuato, y el encarcelamiento de 8 comuneros pertenecientes a dicha comunidad por el hecho de defender sus tierras e impedir que sean fraccionadas por grupos inmobiliarios de San Luis de la Paz.

11.Denunciamos el acoso en contra de la Radio Ñomndaa del pueblo amuzgo de Xochistlahuaca y exigimos el respeto al libre funcionamiento de las radios indígenas que operan en todo el país.

12.Exigimos del gobierno mexicano la devolución a favor de los ex braceros de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Distrito Federal, Estado de México y Guerrero que trabajaron en los Estados Unidos de América, de los ahorros, más intereses generados, que les fueron retenidos por aquel país entre los años de 1942 a 1964.

13.Rechazamos la actual elaboración de diversas iniciativas de leyes indígenas estatales en Chiapas, Sonora, Puebla, Michoacán y el Distrito Federal que violan los derechos que el convenio numero 169 de la OIT establece a favor de nuestros pueblos y reiteramos que seguiremos aplicando los acuerdos de San Andrés por la vía de los hechos, sin reconocer la contrarreforma constitucional en materia indígena del año 2001 y las distintas leyes que en dicha materia se han aprobado a nivel federal y en los estados.

14.Nos oponemos a la imposición por parte del gobierno mexicano y las grandes empresas transnacionales de diversos proyectos carreteros, turísticos, inmobiliarios, mineros, agroindustriales, de plantación de semillas transgénicas, de construcción de presas y campos eólicos en todos los territorios de nuestros pueblos y manifestamos que con base en los derechos que nos corresponden y el ejercicio de la autodefensa indígena impediremos la ejecución de dichos proyectos en las tierras de nuestros pueblos.

15.Nos deslindamos tajantemente de cualquier intentó de “rearticulación” del movimiento indígena nacional que provenga de personas y organizaciones insertas en el gobierno federal o los gobiernos de los estados, como es el caso de la convocatoria para realizar un congreso indígena para el día 10 de abril del presente año en la Ciudad de México, manifestando que defenderemos a todo trance la autonomía e independencia del movimiento indígena y del Congreso Nacional Indígena con respecto a cualesquier gobierno y los partidos políticos.

16.Exigimos que cesen en forma inmediata la militarización y paramilitarización de las regiones indígenas y del país, asimismo nos pronunciamos en contra de la criminalización de las luchas sociales y exigimos la liberación de los presos indígenas, de Víctor Herrera Govea y de todos los presos políticos que hay en el país y la presentación con vida de los desaparecidos políticos. Llamamos a todos los pueblos indígenas del país a participar los días 3 y 4 de mayo en la Jornada Nacional de Lucha por la Libertad de los Presos Políticos convocada por la Red Contra la Represión y la Otra Campaña.

17.Exigimos el cese de la guerra contrainsurgente en contra de las comunidades zapatistas de Chiapas, así como el alto a las agresiones, amenazas y desalojos gubernamentales y paramilitares en contra de las bases de apoyo zapatistas y en contra de las comunidades indígenas de Chiapas adherentes a la Otra Campaña.

Llamamos a los pueblos indígenas del país a seguir fortaleciendo al Congreso Nacional Indígena y a crecer, junto con todos los de abajo y a la izquierda, la lucha anticapitalista y en contra del neoliberalismo.

Desde Uweni Muyewi, municipio de Mezquital, Durango, en el Territorio del Pueblo Wixárika, a 28 de marzo de 2010.

ATENTAMENTE

POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

Los pueblos, naciones y tribus presentes en la XXVII Reunión Ampliada del Congreso Nacional Indígena en la Región Centro Pacífico.

Pueblos Indios: XXVI Reunión ampliada del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

CONVOCATORIA

Los pueblos indígenas de México y del mundo, vemos hoy como nunca que existe un embate integral con múltiples frentes en nuestra contra, los saqueos a los territorios por parte de caciques, empresas y los malos gobiernos se han vuelto mas agresivos en una guerra de exterminio que comenzó hace mas de 500 años y que ha terminado por destruir los equilibrios sociales y naturales, en complicidad con los tres poderes del Estado Mexicano, que se han negado a reconocer los derechos fundamentales que como pueblos originarios tenemos, como son nuestra cultura, recursos naturales y territorios ancestrales, a los que hemos decidido defender hasta sus últimas consecuencias. Por otra parte, luego de la traición que el Estado Mexicano hizo de los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, decidimos como Congreso Nacional Indígena, ejercer nuestro derecho a la autonomía en los hechos, desde entonces muchas y diferentes experiencias hemos tenido y ahora las riquezas de pensamiento y nuevos saberes que significan, están mostrando cada vez más las razones que demuestran lo justo y necesario de nuestras luchas por justicia y por la construcción de un mundo que respete a todos y a todo lo que da vida como algo sagrado que es, y además nos hace ver que esta capacidad de plantear nuevas alternativas de desarrollo y vida desde nuestros valores ancestrales, es una de las grandes necesidades de la humanidad en estos tiempos. CONSIDERANDO: I. Que los Acuerdos de San Andrés siguen siendo ley suprema en nuestros pueblos, por lo que decidimos recurrir a todos los medios necesarios para defender aquello que los antepasados nos han confiado. Siendo urgente sanar a nuestra madre tierra y autonomía ancestral, que está en el corazón del universo. II. Que es necesario que en el movimiento nacional indígena tomemos acuerdos y determinaciones urgentes para consolidar las vías y los caminos a seguir, necesarios para fortalecernos en nuestro espíritu colectivo, en nuestra lucha, en nuestro corazón y en nuestra casa que es el CNI. III. Que la XXV reunión plenaria ampliada del Congreso Nacional Indígena de la Región Centro – Pacífico llevado acabo en la comunidad Nahua de Ayotitlán Municipio de Cuautitlán, Jalisco los días 7 y 8 de Noviembre de 2009, acordó la realización de la siguiente reunión plenaria en nuestra Comunidad Autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito, Municipio de Mezquital Estado de Durango. Se CONVOCA a todos los pueblos, naciones, tribus, barrios y organizaciones indígenas miembros del CNI y a nuestros hermanos de otras regiones del país, a la: XXVI REUNIÓN AMPLIADA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA REGIÓN CENTRO PACÍFICO. Que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de Marzo del 2010, en nuestra Comunidad Autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito Municipio de Mezquital Estado de Durango. Bajo la siguiente TEMÁTICA: 26 DE MARZO. INGRESO Y REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES. 27 DE MARZO. MESAS DE TRABAJO. 1.Defensa autónoma de nuestros territorios y culturas ancestrales frente a sus principales amenazas. 2.Construcción y ejercicio de la Autonomía. 3.Fortalecimiento del Congreso Nacional Indígena. 28 DE MARZO. PLENARIA FINAL. C O N V O C A: CONGRESO NACIONAL INDÍGENA A través de la Comunidad Autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito Municipio de Mezquital, Durango. A 10 de Febrero de 2010 “NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS”. Para confirmar su asistencia favor de comunicarse a los teléfonos 01 (33) 38266103 y/o 38256886 correspondiente a la oficina de nuestros asesores jurídicos de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI), con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Asimismo escribir a los correos ajagi1@prodigy.net.mx, waxiewe@yahoo.com.mx, y/o sidharta_c2@yahoo.com.mx. Nuestra comunidad se encuentra al sur del estado de de Durango en los limítrofes de los estados de Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Aproximadamente a 450 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. INSTRUCCIONES: Para los compañeros que vienen del NORTE llegar a Peñas Nayarit de ahí trasladarse a Ruiz Nay, para abordar el camión de la sierra con horario único de las 6:00am con destino a San Juan Peyotán (SJP), Nay. Se hace 5hrs de trayecto aproximadamente, el costo del boleto es de $120.00. A la llegada habrá una comisión de traslado a nuestra comunidad, para el día 26 de Marzo del presente año. Asimismo para los compañeros que quieran llegar hasta la ciudad de Tepic Nay, o los que vengan de Guadalajara, Jal., pueden abordar en el horario único de las 4:00am con destino a SJP. Costo del boleto a $140.00. Los que vengan en vehículo entrar por Ruiz Nayarit con destino a los pueblos siguientes: El Venado Nay, San Pedro Ixcatán Nay, Santa Cruz de Guaybel Nay, Mesa del Nayar Nay, Jesús María el Nayar Nay, Pastor Nay, San Juan Peyotán Nay y rumbo a nuestra comunidad. Para los compañeros que vienen en vehículo del CENTRO y SUR pueden llegar a la ciudad de Guadalajara, Jalisco para salir por la carretera Colotlán pasando los siguientes poblados García de la Cadena Zacs, Tlaltenango Zacs, Colotlán Jal, Huejúcar Zacs, Monte Escobedo Zacs, Mezquitic Jal, Huejuquilla el Alto Jal, San Juan Capistrano Zacs, Canoas Dgo, Santa Cruz Zacs, El Pastor Nayarit, San Juan Peyotán Nayarit y llegar hasta nuestra comunidad. Informamos que el día 26 de Marzo del presente año a partir de las 10:00am a 2:00pm estaremos esperando a todos los compañeros en Huejuquilla el Alto Jalisco quien lo desee así, para juntos partir a Bancos. Quienes no quieran llegar hasta Guadalajara, pueden entrar por Zacatecas pasando los poblados de Fresnillo Zacs, Valparaiso Zacs, Huejuquilla el Alto Jalisco y de ahí los poblados antes mencionados. Para los compañeros que pretendan abordar el camión, les informamos que es un poco complejo solamente llega en el poblado de Huejuquilla, Jal. Para mayores informes contactarse por los teléfonos y correos antes señalados, ya que estamos viendo la posibilidad de conseguir un servicio de autobús para el traslado de los participantes. Compañeros les pedimos que vengan preparados con su cobija, sleeping y tienda de campaña. De antemano la comunidad anfitriona amablemente los espera para brindarles hospedaje y alimento.

Estado de derecho, derecho comunitario y leyes federales.

Desde la malograda reforma constitucional, generada por la traición de la plutocracia partidista que desde hace ya un buen tiempo gobierna México, al espíritu original de los Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno de Ernesto Zedillo y la Comandancia General del EZLN, se han originado una serie de reformas constitucionales, todas bajo la supuesta protección, ya de los derechos de las “minorías”, del nonato, del entorno ecológico, etc., y al mismo tiempo se ha posicionado a las instituciones federales como las únicas tuteladoras de cualquier “grupo vulnerable” como eufemísticamente se llaman en los corrillos oficiales, colocando, más todavía, a los tutelados en la indefensión total, tal es el caso particular de las comunidades originarias.


Una de las dependencias federales que ha tomado el control de las acciones comunitarias es la PROFEPA, ente que junto a la SEMARNAT, se ha encargado de “proteger” a las especies y, cuando es necesario, avalar concesiones mineras, sobre bosques, eólicas, sobre aguas, etc., si así es necesario para legitimar la política pro-megaproyectos del gobierno federal y los gobiernos locales aliados al capital trasnacional. Como se ha denunciado por parte, primero del CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA y, posteriormente por medio del CONGRESO AUNTÓNOMO CUICATECO, en la región cuicateca, particularmente en cuatro comunidades pertenecientes al Municipio de san Juan Tepeuxila, se otorgó por la SECRETARÍA DE MINAS, dependiente de la SECRETARÍA DE ECONOMÍA, por medio de todas las malas artes de las que el Estado es capaz, por supuesto sin ninguna formalidad jurídica, una concesión de cincuenta años sobre 3500 has., hasta aquí no habría mayor implicación de no se porque los organismos “protectores” mencionados, PROFEPA y SEMARNAT, han negado sistemáticamente conocer del hecho, al menos, argumentan en lo relacionado al medio ambiente, paradójicamente, esta región comparte el territorio de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, lo cual supondría que se encuentra protegida.

Hasta aquí esto podría ser irrelevante a no ser por los acontecimientos más recientes, hacia finales del año 2009 un grupo de policías federales, PFP, a bordo de una camioneta recorrían la carretera de terracería que une a la comunidad de San Juan Tepeuxila con Cuicatlán y coincidieron con un vecino de dicha comunidad el cual se dirigía a sus actividades cotidianas, en posesión de una escopeta, su machete y una navaja, esta situación ocasionó que fuera detenido y sin mediar ninguna observación ni validar ningún argumento de su parte fue despojado de sus herramientas y remitido hasta la ciudad de Oaxaca, sin enterar de ello a los representantes comunitarios, sobre todo porque los hechos sucedieron en su jurisdicción, en donde se le impuso una multa cercana a los cuarenta mil pesos, por supuesto sin devolverle lo que legítimamente le pertenece.

A ello es necesario precisar que dadas las características y las costumbres de los vecinos de las diferentes comunidades cuicatecas es, más que, común que porten algún tipo de arma de fuego, generalmente escopetas de pequeño calibre y excepcionalmente pistolas, por cierto todas con los permisos de ley ya que existe la tradición de notificar oficialmente a las autoridades correspondientes de su existencia. Este primer incidente abrió la puerta para otras acciones sucesivas de la misma PFP, ahora con el pretexto de la aplicación de las leyes federales de armas de fuego, convenientemente sin notificar de manera oficial a las autoridades correspondientes, ignorando que San Juan Tepeuxila es un municipio autónomo, de acuerdo a las leyes mexicanas, y que es en su territorio y a sus ciudadanos a quienes afectan directamente estas acciones, a partir de estos hechos se pueden documentar al menos otros cuatro acontecimientos similares, la detención de un vecino de la comunidad cuando regresaba de sus labores, su delito transitar con la yunta en el camino, fue despojado de doscientos pesos, lo único que traía en efectivo.

Otra más en las vacaciones de fin de año un grupo de jóvenes escolares se encontraba vacacionando y decidió visitar una pequeña represa conocida como Matamba, ahí fueron detenidos por una patrulla de la PFP, misma que con el pretexto de proteger su integridad los amedrentó y al percatarse de que eran, en su mayoría, menores de edad se les “permitió” continuar con sus actividades, no sin advertirles de los “peligros” que entrañaba andar en la zona, que hasta ahora no representa ningún peligro para nadie pues en la zona se goza de tranquilidad permanente, salvo cuando las patrullas de la PFP hacen su aparición.

La preocupación mayor de la comunidad de San Juan Tepeuxila se ha generado a partir de una serie de acontecimientos relacionados con la PROFEPA y SEMARNAT, como es del conocimiento público estas dependencias desarrollan programas de “protección” ambiental y de los recursos naturales, que casualmente abundan en la región de la que hablamos, para ello han establecido convenios con varias comunidades de la región para financiar programas de reforestación y protección de especies, Tepeuxila no ha sido la excepción, hasta aquí no habría mayor dificultad a no ser que con el pretexto de “vigilar” el desarrollo de los proyectos los representantes de PROFEPA y SEMARNAT han iniciado un hostigamiento sistemático en contra de la población, tomándose atribuciones que no les corresponden.

Es necesario aquí puntualizar que existe un derecho comunitario, expresado en el Estatuto Comunal correspondiente y que en concordancia con las leyes estatales como la LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE OAXACA, La LEY AGRARIA y por supuesto las Constituciones estatal y Federal, además de las otras que se derivan de su naturaleza, faculta a la comunidad y a sus representantes a tomar todas las decisiones relacionadas con el territorio y la conservación de los recursos que se hallan en el mismo, lo cual no es más que parte del espíritu comunitario en tanto que la vida de la misma gira entorno a una relación de respeto y armonía con la naturaleza, los cuicatecos como los demás pueblos originarios somos parte de la naturaleza, pertenecemos a ella, no nos pertenece.

Como podrá derivarse de ello, es evidente que la relación hombre-naturaleza tiene para nosotros un papel fundamental en la vida y su preservación, como pueblo hemos convivido con nuestro medio durante miles de años, así existen mecanismos que garantizan plenamente que la relación de los miembros de la comunidad con el medio no son de depredación, pensamos que la naturaleza y todos los miembros que la componen somos complementarios y solo cuando se corre un riesgo claro actuamos, como es natural en defensa de nuestra integridad.

En nuestras comunidades existe una idea perfectamente clara de la relación con el entorno y cuando esta se altera por alguna razón se hacen las notificaciones correspondientes a la comunidad y ésta por las vías institucionales realiza las notificaciones correspondientes, en este sentido los últimos acontecimientos en San Juan Tepeuxila son especialmente ilustrativos, como señalaba anteriormente, la PROFEPA y SEMARNAT, con el pretexto de “apoyar” en las tareas que les competen ha pretendido intervenir directamente con los miembros de la comunidad, pretendiendo determinar las formas en que la comunidad debe realizar sus funciones vitales, prohibiendo a los comuneros utilizar los recursos que por ley les pertenecen, aquí hasta ahora el régimen de propiedad es comunal, con todo y los intentos de la Procuraduría Agraria, PA, por revertirlo, primero vía PROCEDE y ahora por la vía del FANAR, por tanto la adjudicación de los espacios se realiza por Asamblea y mediante la noción central de la preservación.

El argumento del dúo PROFEPA y SEMARNAT, en el territorio se hayan especies protegidas, fauna y flora por igual, por lo que según los inspectores y funcionarios de esta institución han pretendido determinar qué destino deben tener las tierras de la comunidad, algo que históricamente ha determinado la comunidad misma, con gran conocimiento de las dinámicas del territorio, mismo que han preservado sin la ayuda de dicha dependencia ni de otra.

Adicionalmente, siguiendo los usos y costumbres, cuando es necesario tomar decisiones relacionadas con las especies protegidas los comuneros, desde siempre, siguen el canal comunitario, dar aviso a la representación comunitaria, la cual procede de acuerdo a las formalidades del caso, así en fechas recientes se han dado al menos dos casos dignos de ser considerados.

Uno de ellos relacionado con el pastoreo de ganado, en la comunidad es una tradición utilizar los pastizales de las tierras comunitarias para engordar y mantener el escaso ganado que se cría en ella, las instancia comunitarias manejan los tiempos y las condiciones en las que los comuneros pueden, o no, hacer uso de dichos recursos, sin embargo la PROFEPA y SEMARNAT, han amenazado a los comuneros con proceder sin siquiera analizar las circunstancias con el pretexto de que el ganado daña los pino jóvenes, mismos que se plantaron por la comunidad, mediante trabajo comunitario, llamado Tequio, solo que como parte de los programas impulsados por PROFEPA y SEMARNAT, lo cual en opinión de los empleados que se han presentado en la comunidad les faculta para “intervenir” y castigar si es necesario.

El otro, más preocupante porque ha unido las acciones de la PFP, mencionadas anteriormente, a las de PROFEPA y SEMARNAT, se relacionan con las especies de la fauna protegidas por las leyes federales, particularmente el caso del puma americano, especie que se encuentra en las tierras cuicatecas, en la comunidad existe un espacio conocido como “tierra caliente”, parte de la reserva de la biósfera Cuicatlán-Tehuacán, mismo que se compone de tierras de alta productividad, las cuales en otras épocas contribuyeron a la subsistencia de la comunidad, con el paso del tiempo y el surgimiento de otras condiciones de vida fueron abandonadas paulatinamente por lo que el puma las ocupó, como es natural en un momento dado esta especie empezó a interactuar con los comuneros, no necesariamente para bien, en tanto que se trata de una especie salvaje.

En estas circunstancias, los pumas empezaron a depredar el ganado de los comuneros, al menos un par de burros, un caballo y algunos novillos, reses jóvenes, lo cual fue notificado a la representación comunitaria, misma que a su vez reportó a PROFEPA y SEMARNAT quienes se comprometieron a analizar el caso y a intervenir en caso necesario, evidentemente nunca lo hicieron, a lo sumo cuestionaron el hecho de que la comunidad interactuara con las especies, incluso alguno de los funcionarios “sugirió” que la comunidad se trasladara a otro sitio ya que dicha especie tenía “derechos” que no podían ser violados, ¿ignorancia o mala fe?.

Como era de preverse llegó el momento en que los felinos irrumpieron en la comunidad, poniendo en riesgo a los habitantes de la misma, así un comunero, realizando sus labores agrícolas cotidianas tuvo el infortunio de toparse con una puma, la cual atacó a sus perros, matándolos, intentando agredir a un hijo del comunero por lo que éste tuvo que intervenir dando muerte al animal, acto seguido, como corresponde a las normas comunitarias el comunero dio aviso a la representación comunitaria, el Comisariado de Bienes Comunales, para que como corresponde a las normas diera el aviso a la PROFEPA y SEMARNAT y éstas dependencias actuaran conforme a lo que les corresponde, lamentablemente una filtración de la información permitió al trío PFP, PROFEPA y SEMARNAT, intervenir en un aparatoso operativo en la comunidad de San Juan Tepeuxila con el pretexto de detener y proceder en contra del comunero y al no localizarlo se amenazó a la comunidad con regresar e iniciar un operativo conjunto para requisar las armas de los comuneros, que como mencionamos más que armas son herramientas para el trabajo.

Ante ello planteamos algunas preguntas, ¿justifica la existencia de leyes sean federales, sean locales, atentar contra los derechos humanos de las comunidades?, con el pretexto de proteger la vida salvaje, con todo lo valioso que en ello hay, ¿es más valiosa la vida de las especies que la de las comunidades?, o bien podemos concluir que esta aparatosa reacción de las “autoridades” vía las dependencias mencionadas constituye una especie de forma de represión y hostigamiento, en una zona en la que a voces se han pronunciado en contra de la posible implementación de un proyecto, ese sí indudablemente mortal, no solo para las especies protegidas, sino para toda forma de vida, nos referimos al proyecto minero “Raquelita I”, el tiempo revelará la dimensión real del asunto.

Mientras tanto apelamos a las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales a mantener la atención en ello, sobre todo porque la comunidad ha decidido refrendar el apoyo al comunero lo que eventualmente puede servir de pretexto para acciones punitivas por parte del Estado y sus instituciones.

El territorio de San Juan Tepeuxila (Kuu kaan) una comunidad originaria (india) cuicateca (Iñ bakuu), un laboratorio para el despojo a los pueblos...

AL CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO.
A LAS INSTANCIAS DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS SOCIALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS PERSONALIDADES Y ACADEMICOS CONCIENTES, CONSECUENTES Y SOLIDARIOS CON LOS PROBLEMAS INDIGENAS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONSECUENTES Y SOLIDARIOS.
A TODOS ELLOS.

Enero 25 de 2010

El territorio de San Juan Tepeuxila (Kuu kaan) una comunidad originaria (india) cuicateca (Iñ bakuu), un laboratorio para el despojo a los pueblos originarios (Indios).

Las comunidades del pueblo originario (indio)[1] (Iñ bakuu)[2] cuicateco, tenemos una presencia datada por los estudiosos de nuestra cultura, antropólogos y arqueólogos, entre los años 200 a. de n. e. y 200 d. de c. Nuestro territorio está en la parte norte del estado de Oaxaca, pertenece al distrito de Cuicatlán, aproximadamente se enmarca en las coordenadas en una poligonal rectangular como sigue: en el noroeste: 18° Lat. Norte; 18° 36’en el noreste; en el sur; suroeste, 97° 3’ Long. Oeste, al este, 97° 26’ Long. Oeste.

La orografía territorial de los cuicatecos puede describirse a partir de las siguientes características: cuenta con dos partes bajas denominadas cañadas, la Cañada Chica y la Cañada propiamente dicha. La Cañada Chica es una planicie reducida situada en una altura aproximada de 650 a 700 msnm, irrigada por el Río de las Vueltas que se origina en las faldas de la Sierra Monte Flor que colinda con el Valle de Oaxaca, jurídicamente este territorio pertenece a Etla, Oaxaca. La Cañada[3], por su parte, es prácticamente un cañón, con una altura entre 500 y 600 msnm formada por tierras aluviales irrigada por el Río Grande que se origina tanto en las montañas de la Sierra Norte de Oaxaca conocida como sierra Juárez, como en la misma sierra que pertenece al distrito de Cuicatlán; ambas cañadas, tienen un clima subtropical. El Río de las Vueltas ya en La Cañada se une al Grande, éste circula hacia el norte a lo largo del cañón, se une con el Río Salado que fluye hacia el sur desde la mixteca y el valle de Tehuacán aumentando así su caudal a la altura donde se ubica el pueblo de Quiotepec. El Río Grande unido al Salado circula en medio de un desfiladero soberbio dividiendo la sierra cuicateca con la sierra mazateca, ambas pertenecientes a la Sierra Madre Oriental y finalmente forman el Río Papaloapan, el cual vierte sus aguas en el Golfo de México. Por las condiciones geográficas que se generan, idéntico a las tierras tropicales, se pueden encontrar plantas propias de estos climas.

Un componente geográfico del territorio cuicateco, los conforma la parte montañosa, que tiene elevaciones que se desplantan del Río Grande hasta llegar a tener una altura (no comprobada) de 3780[4] msnm; por las conformaciones orográficas del territorio, así como por la afluencia e influencia de los vientos húmedos provenientes del Golfo de México, esta parte del territorio cuicateco, tiene una diversidad de microclimas que la hacen una zona bastante rica en biodiversidad.

La presencia de nuestros ancestros, desde entonces ha dejado huellas materiales de los Iñ bakuu o vestigios arqueológicos, así como huellas pictográficas, las que están dispersas por todo nuestro territorio, de tal manera que en la parte de La Cañada Chica, se encuentran, según registros del INEGI: Exotlan (cueva funeraria), Zoquiapan Viejo; Temaxtláhuac, Cuicatlán, Quiotepec, Llano Perdido y La Coyotera; también están las pinturas en uno de los farallones de Cuicatlán. En la parte alta que comprende una parte de la Zona montañosa, se encuentran dispersas una cantidad de ruinas reconocidas por el INEGI las siguientes: Coyollan, Coyollapan, Ahuacatitlán, Teczistepec, Tlecuasco-Etlatongo, Papalotipac, Xacayoltepc y Tutepetongo. También existen vestigios de construcciones de considerable extensión que no están consideradas en los mapas, en las siguientes comunidades: Santos Reyes Pápalo, Coapan de Guerrero, Santa María Pápalo, San Andrés Pápalo, San Juan Teponaxtla, San Sebastián Tlacolula, San Juan Tepeuxila y Cacalotepec, San Francisco Santa María Tlalixtac, San Andrés Teotilalpan, Teutila, Chapulapa y otras. Hay pinturas rupestres en una cueva de San Andrés Teotilalpan y otra en San Juan Teponaxtla.

En nuestro transitar por la historia, como pueblo-nación, hemos tenido nuestra propia lengua; los documentos conocidos como Códices: Fernández Leal y Porfirio Díaz, documentan parte de nuestra historia.

En nuestra ya larga presencia en este territorio, hemos aprendido a convivir entre comunidades humanas y con toda la biodiversidad que es propia del lugar; no hay evidencias de haber considerado enemigos a ninguna especie vegetal ni animal.

En nuestro territorio, se pueden encontrar diversas especies que en otros lugares se han considerado en peligro de extinción como lo son: el venado, la guacamaya, la iguana verde, la nutria, el puma, el coyote, otros; sin embargo, aquí siguen presentes y nuestras comunidades no las han perseguido ni tratado de exterminar.

En el caso de la comunidad de San Juan Tepeuxila, siempre han estado presentes las especies arriba mencionadas y han sido parte de nuestra cotidianidad; sin una distribución específica del territorio, nuestros ancianos siempre les dejaron libre algunos espacios en donde han vivido y reproducido desde que se tiene memoria. Sin embargo, cuando alguna especie como el coyote o el puma han representado una amenaza para la vida de nuestros animales domésticos e incluso de las personas, la comunidad ha buscado la forma de eliminarlos, como sucedió en el año de 1968, cuando un par de pumas, hembra y macho se alojaron en un barranco en el lugar denominado “el aurelillo” y se convirtieron en el azote de los vecinos de la comunidad ya que por las noches bajaban a los lugares donde los comuneros tenían a sus caballos, mulas, burros y toros para devorarlos, así sucedió con un par de mulas de don “chano” Contreras, que en una sola noche fueron devoradas las dos. De ahí que el pueblo empezó a buscar la manera de eliminar a dichos pumas, algunas noches le pusieron veneno a la carne de los animales muertos, para envenenar a los pumas, pero estos muy inteligentes no comían esa carne sino que volvían a matar un nuevo animal, así pasaron varios días hasta que por fin los representantes comunales de aquel entonces organizaron un tequio para matar a los pumas.

De la misma manera en nuestra memoria colectiva, está presente que cuando hubo la necesidad de eliminar un coyote, por la amenaza que representaba para nuestras aves de corral; quien lograba eliminarlo, tenía la venia del pueblo para recorrerlo, y quien consideraba necesario darle una recompensa, lo hacía en especie, con un huevo de gallina, una mazorca, un litro[5] de maíz o de frijol, alguna fruta, incluso alguna moneda para reponer la munición gastada; así también se hacía con un águila o gavilán si ya era un azote para la comunidad. Aún con esa forma de recompensar a quien cazaba a esos animales, esto no se convirtió en una manera de vida de quienes han tenido y tienen alguna arma.

Al ser una comunidad de campesinos, en los campos de cultivo, a diferencia de los lugares donde las extensiones de tierras de cultivo son inmensas; existen especies dañinas como son: la zorra, el cacomiztle (zorra colapinta), el mapache, el tejón, la ardilla, el cacalote o cuervo, incluso el venado y las guacamayas. Para evitar que afecten nuestra cosecha, hemos utilizado diversas formas de combatirlas, entre ellas, comprado armas de bajo calibre para garantizar que no se conviertan en una plaga; a pesar de que varios ciudadanos tienen armas, no se ha generalizado ni la violencia, ni la caza furtiva, ni se han incrementado los delitos, puesto que somos una población pacífica. Así, caminando el tiempo, hemos logrado sobrevivir tanto humanos como animales, sin afectar en grado extremo la mutua existencia.

Por las características del relieve del suelo, nos es imposible tener nuestros cultivos en lugares planos, donde el acceso sea con vehículos de ruedas, tan es así, que el primer vehículo de motor que ingresó en nuestra comunidad, fue en el año de 1989. En consecuencia, nuestros medios de transporte para poder trasladar a nuestro hogar o al lugar de venta de los productos del campo, como son: frijol, maíz, chilacayota, calabaza; frutas como: granada, manzana, durazno, membrillo, pera; hortalizas como: jitomate, tomate, calabaza, chile, otros; para todo ello, nuestros valiosos animales son: el burro, la mula y el caballo; salvo los lugares donde pueden entrar los vehículos automotores, que son muy escasos, nosotros dependemos de nuestros animales de carga.

Al ser un territorio donde el cultivo del maíz y del frijol -productos de consumo básico para nosotros-, sólo es en el temporal, puesto que no hay infraestructura para riego; nuestros animales los ocupamos en ciertas épocas del año, por lo que nos vemos en la necesidad de utilizar una gran parte de nuestro territorio como agostadero, es decir, en ciertas épocas del año, ocupamos a nuestros animales y en otras, los soltamos para que pasten libremente; también los dejamos libremente para que se reproduzcan de manera natural, ya que no existe la costumbre de la inseminación artificial.

Se insiste que por las características del relieve, tampoco es posible utilizar maquinaria agrícola para preparar las tierras de cultivo y menos para las labores de cultivo, de tal manera que nuestros campos sólo pueden ser labrados con animales de tracción; en nuestra comunidad y en las circunvecinas, el campesino depende de la yunta y alguno de la mula o el caballo; y otra vez, como los terrenos de cultivo son de temporal, hay ciertas épocas del año en que existe la necesidad de utilizar nuestro territorio comunal como agostadero para poder mantener a nuestros animales. De la misma manera, para su reproducción, los dejamos libres en nuestro territorio.

A pesar de ser comunal, una gran parte de nuestro territorio, está reconocido como un terreno de x o y familia; es decir, que dado el prolongado tiempo de estar utilizando un terreno como campo de cultivo, este ha pasado por generaciones bajo el dominio de esa familia, de tal manera que en cualquier momento puede labrar la tierra y cultivarla; al interior de la comunidad, existen ciertas prácticas de usos y costumbres ya añejas, que permiten seguir manteniendo dicha organización territorial. En vista de lo anterior, no puede utilizarse cualquier terreno para agostadero.

En cuanto a la madera, a pesar de nuestra presencia milenaria en este territorio y utilizarla como combustible, no hemos deteriorado el equilibrio ecológico, nuestros abuelos nos enseñaron a respetar los árboles y toda la vegetación que hay en nuestro entorno. Tampoco hemos utilizado nuestros bosques para explotarlos, sólo con la presencia de una plaga, de la que CONAFOR tiene la información, nos hemos visto en la necesidad de talar los árboles afectados, de otra manera, nuestro bosque estaría en condiciones óptimas.

Debido a nuestra ascendencia como pueblo originario, seguimos practicando los usos y costumbres, cuando hay un suceso de importancia para la comunidad, acudimos a las instancias que nos representan, tales como: Presidencia municipal o Comisariado de Bienes Comunales. También nuestra máxima autoridad es la Junta o Asamblea Comunal, donde se decide lo que más conviene a los comuneros.

No obstante todo lo anterior, en los últimos años, se han tenido algunos cambios por diversas razones, una de ellas, la presencia de las instancias federales que sutilmente, bajo la égida de ciertos programas gubernamentales están incidiendo en la modificación y alteración de nuestras prácticas de vida comunalitaria, las que afectan gravemente nuestras actividades cotidianas dentro de nuestro territorio.

Esto es notorio, específicamente en las siguientes acciones gubernamentales:

Se ha venido aplicando un desarme a los comuneros, con el pueril argumento de que se aplica la ley de armas de fuego, quitándole las armas a los campesinos aún cuando estos se están trasladando a su campo de cultivo o a algún territorio comunal.
Se está limitando parte del territorio para agostadero, con la falacia de que se están afectando los pinos sembrados en la zona de reforestación.
Se está limitando el área de donde se podrá cortar leña, imponiendo restricciones arbitrarias, sin consenso y aprobación de los comuneros, argumentando que es una disposición de las instancias federales.

El colofón que corona esta actitud de intervención en las prácticas de vida comunitaria de la comunidad de Tepeuxila, Kuu Kaan, es lo que se relata a continuación.

Como se anotó arriba, que una parte de nuestro territorio es utilizado como agostadero, la zona cálida llamada ñaa inuu (tierra caliente), donde los comuneros han cultivado, frijol, maíz, árboles frutales y desde cientos de años han tenido y tienen su ganado bovino, equino y asnar para su crecimiento y reproducción; en los últimos cuatro años, se ha venido notando la disminución de la población de estos animales, y sólo se encuentran pedazos de piel, cornamenta, pezuñas, cascos, orejas, y otras huellas de su anterior existencia; estas son evidencias de que han sido alimento de algún felino; los vecinos que ya saben de la presencia de los pumas en su territorio, al que llaman ñañ’kuá’a (felino colorado), han identificado su huellas en territorios de cultivo y agostadero; es decir, los pumas han invadido un territorio que sólo era para las actividades humanas hasta hace unos cuatro o cinco años. Según los reportes de quienes han perdido su ganado, se tiene una contabilidad de aproximadamente entre 70 y 90 cabezas; dado el impacto en la economía y actividades productivas de la comunidad de Tepeuxila, desde el año 2007 se planteó en una asamblea comunal que era necesario buscar la manera de evitar que los pumas abundaran, se le informó a la SEMARNAT, de lo dañino que estaba siendo este felino, a lo que la SEMARNAT respondió que cuando hubiera una afectación, se le avisara y acudiría inmediatamente a atraparlo; cuando sucedió la afectación, el Comisariado de Bienes Comunales informó a la instancia mencionada y nunca hubo respuesta. El daño seguía, por lo que los vecinos de la comunidad, en una Junta Comunal, decidieron dar caza a los pumas en determinada parte de nuestro territorio, durante dos días los buscaron pero no pudieron hallarlos; en tanto SEMARNAT no se presentaba; la muerte de animales siguió y sigue.

Fue el día 10 de enero de 2010, cuando un vecino de la comunidad, Valeriano Vásquez Quintana -en una actividad propia de los campesinos, el de buscar sus animales para cerciorarse que están vivos y en su comedero-, se encontró con el felino a quien dio muerte en defensa propia, ya que cuando los perros lo encontraron en su “hechadero” iniciaron la gresca de donde salieron muertos dos perros, además Valeriano iba acompañado por sus hijos pequeños y ante el temor de ser agredidos, dio muerte al puma; como todo comunero, Valeriano al regresar a la comunidad, dio aviso a la instancia que correspondía, es decir: al Comisariado de Bienes Comunales. El hecho llegó a la PROFEPA, la que se trasladó inmediatamente a la comunidad, y en una falta absoluta de respeto a las personas, se introdujo en el domicilio del comunero mencionado, decomisó pieles de ardilla y otras especies, la piel y carne del puma, desconociendo todo derecho humano, amenazó a la familia que de no presentarse el Sr. Valeriano, se haría acreedor a cierta sanción y cuando su esposa preguntó: ¿qué hubiera pasado si mi esposo hubiera sido agredido por el puma?, de manera prepotente uno de los representantes de PROFEPA respondió que la instancia pagaría por la muerte de su esposo.

Ante la situación mencionada y dada la política institucional que se está aplicando a nuestra comunidad, consideramos que: La comunidad de Tepeuxila está siendo utilizada como laboratorio de experimentación, para ver hasta qué punto un pueblo originario puede responder y/o ser manipulado con programas de supuesto apoyo, despojándolo gradualmente de su territorio.
Ante ello declaramos:

Que somos un pueblo originario con una historia y prácticas de vida que ya trasciende los dos milenios.
Que durante nuestra presencia en este nuestro territorio, no hemos causado ninguna alteración de carácter ecológico de nuestro entorno.
Que hemos sabido delimitar nuestro territorio y hemos respetado la vida silvestre, siempre y cuando no nos afecte en nuestra supervivencia y vida cotidiana.
Que sabemos manejar el bosque y utilizar los recursos naturales para garantizar nuestra sobrevivencia.
Que nuestro territorio nos pertenece por herencia milenaria, y no aceptamos imposiciones de instancias federales para que regule su uso y su usufructo.
Que no permitiremos un acto de autoridad arbitrario como es el decomiso de armas que se viene aplicando con los vecinos de la comunidad.
Que la vida humana es primero, ante la invasión de nuestro espacio por especies nocivas.
Que defenderemos nuestro derecho a la vida en contra de la imposición de criterios arbitrarios y autoritarios de la SEMARNAT y PROFEPA.
Que no permitiremos que afecten a un ciudadano de nuestra comunidad, cuando sólo dio cuenta de lo hallado en nuestro territorio.
Que como pueblo originario, nos apegamos al convenio 169 de la OIT, mismo que fue adoptado el 27 de junio de 1989 por nuestro país y refrendado por el Senado el 11 de julio de 1990.
Que asumimos lo que se plantea en la Declaración Sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, sobre nuestra autonomía como pueblos y derecho buscar nuestra autodeterminación.

Por la defensa de nuestro territorio y cultura iñ bakuu.

“El oficio de un pueblo es crear, y la fuerza está en los que crean.”
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REGIÓN CUICATECA.

[1] Al considerar que el término indio se debe a la confusión de Cristóbal Colón en su llegada a este continente y confundirlo con Las Indias y consecuentemente nombrar a sus pobladores como indios; los descendientes de los primeros pueblos de América, no nos sentimos identificados con ese nombre y consideramos más adecuado nombrarnos como pueblos originarios, y en adelante, así se hará.
[2] En adelante, se sustituirá el nombre cuicateco por iñ bakuu, debido a que nuestras comunidades, al autonombrarse, los hacen como iñ bakuu.
[3] En adelante, al enunciar La Cañada, se hará en referencia a la parte baja que está irrigada por el Río Grande.
[4] La elevación a la que se refiere Gómez Sandoval en Superficie y fondo de la vida social oaxaqueña, es conocida tanto en dvacuu (Yic’nguaa), como en español: El Cerro Amarillo; esta elevación, al recibir una afluencia de los vientos húmedos que vienen del golfo y el aire caliente que sube de La Cañada, tiene una particular vegetación, los árboles están cubiertos en el tallo, de una planta epífita (musgo) de color verde amarillo a lo que debe su nombre. Fernando Gómez Sandoval. Instituto Oaxaqueño de las Culturas. Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. P. 61

[5] Medida convencional utilizada en la sierra de los iñ bakuu

El homicidio en Chiapas trae una dura crítica a las mineras canadienses en México

ONG's canadienses hacen un llamado para tomar la responsabilidad por los descuidos; las comunidades mexicanas quieren las minas cerradas

Por Kristin Bricker
Especial para The Narco News Bulletin

14 de diciembre 2009

El reciente homicidio del líder antiminero chiapaneco, Mariano Abarca Roblero, ha traído una dura crítica a las mineras canadienses en México. Abarca fue asesinado frente a su casa el 27 de noviembre. Tres hombres ligados a la compañia minera canadiense Blackfire Exploration Ltd. fueron arrestados por el homicidio. Blackfire es propietaria de una mina de barita en Chicomuselo, Chiapas. Al momento de su homicidio, Abarca, residente local, era líder de la campaña por el cierre de la mina.

El funeral de Abarca Fotos: D.R. 2009 Otros Mundos Chiapas

En respuesta al homicidio, se han movilizado comunidades y organizaciones mexicanas en demanda de la responsabilidad por el homicidio y por el cierre permamente de la mina de Chicomuselo y de otras minas canadienses. Cientos de personas asistieron al funeral de Abarca en Chicomuselo. La procesión se detuvo en las oficinas de Blackfire en Chicomuselo para demandar justicia.

Residentes de Chicomuselo y representantes de otras comunidades afectadas por la minería formaron una caravana para trasladarse a la Ciudad de México y demandar justicia. La caravana se detuvo para celebrar mítines y eventos en Comitán, Chiapas y en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. La caravana de dos camiones, se reunió con representantes de otras comunidades afectadas por la minería frente a la embajada de Canadá en la Ciudad de México, donde llevaron a cabo una protesta. Representantes de Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco y de la Ciudad de México se reunieron con los delegados de Chiapas para llevar a cabo la protesta en la capital del país.

Los manifestantes se detuvieron en la Secretaria de Economía para entregar una carta que demanda que la concesión de Blackfire en Chicomuselo sea cancelada inmediatamente. De acuerdo al comunicado emitido por la organización de Abarca, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), los delegados le dijeron al representante del secretario “si [la Secretaría de] Economía no le quita la concesion minera a Blackfire, el pueblo se la quitara en los hechos, pues no soportaremos mas muertos, ni mas destrucción ambiental, ni division de la Comunidad.” Esa no es una amenaza sin fundamento: en julio la comunidad bloqueo el camino que lleva hacia la mina.

Luego de reunirse con un funcionario de la Secretaría de Economía, la caravana se dirigió a la Embajada de Canadá para protestar por el asesinato de Abarca. De acuerdo con el comunicado de REMA: “Asi mismo le planteabamos [al gobierno canadiense] la necesidad de que apoyaran leyes que le diera dientes al gobierno para pedirles cuentas a las empresas mineras que hoy apoyan economicamente y tienen una conducta general de violaciones a los derechos humanos y la democracia.”

Leyes con dientes

Cuando las comunidades afectadas por la minería demandan “leyes que le den dientes al gobierno” para responsabilizar a las compañias por sus acciones en países extranjeros, se refieren a leyes como: la Ley C-300, Ley que busca Responsabilzar a las Corporaciones por Acciones Resultantes en Minería, Petróleo, o Corporaciones de Gas en Países en Desarrollo, que en la actualidad se encuentra en el parlamento canadiense. De acuerdo con la ONG Mining Watch, la ley sentaría los estándares de responsabilidad de las corporaciones que determinaría la elegibilidad para el apoyo político y financiero que en la actualidad el gobierno canadiense proporciona a compañias canadienses de extracción. Estos estándares de responsabilidad incluirían criterios en salud, protección, seguridad, y derechos humanos. La ley crearía también un mecanismo de quejas en donde las comunidades afectadas pudieran emitir quejas al gobierno canadiense. Si se encuentra que una compañia no cumple con los estándares de conformidad de responsabilidad, perdería el apoyo del gobierno canadiense.

La ONG canadiense, Council of Canadians, admite que las sanciones propuestas en la Ley C-300 son “modestas.” Sin embargo, ellos creen que la acérrima oposición de la industria minera a la ley demuestra que la industria ve a la ley como una amenaza.

El gobierno de Harper se ha opuesto a la Ley C-300.

Otra ley propuesta, Ley C-354, permitiría que extranjeros puedan demandar a compañias canadienses ante juzgados canadienses por abusos a los derechos humanos, sin importar el lugar en donde los abusos ocurrieron. De acuerdo con uno de los proponentes de la ley, Peter Julian, esta ley es un replicante a la la Ley de Reclamo por Agravio de los Residentes de los Estados Unidos, por la cual los sobrevivientes de la tortura en otros países pueden demandar a sus torturadores en las cortes estadunidenses.

El presidente de Council of Canadians, Maude Barlow, liga el homicidio de Abarca con la inacción del gobierno canadiense con respecto a las compañias a las que presta apoyo y que cometen abusos. Barlow dijo: “Un hombre involucrado profundamente en las protestas contra la compañia minera canadiense Blackfire ha sido asesinado afuera de su casa. Éste desenlace trágico puede ser un indicio directo al rechazo del gobierno de Harper de terminar con la impunidad que en la actualidad gozan las compañias mineras canadienses.”

Gordon Peeling, presidente de la junta directiva del grupo cabildero de la industria minera canadiense, la Asociación Minera del Canadá, dijo a la prensa: “En términos de la dinámica de la discusión esto no le ayuda a aquellos que quieren ligar esos asuntos. Su pensamiento está estropeado si tratan de ligarlo [el asesinato] con la [Ley] C-300.”

“El asesinato de Abarca: misión cumplida”

Los tres hombres arrestados por el homicidio de Abarca son empleados en activo o ex empleados de Blackfire.

Jorge Carlos Sepúlveda Calvo está acusado de haber disparado contra Abarca. Era conductor de Blackfire.

Las autoridades chiapanecas no han revelado el rol que creen que tuvo en el asesinato otro de los hombres detenidos, Ricardo Antonio Coutiño Velasco. Coutiño Velasco era contratista de Blackfire.

Caralimpio López Vázquez es operador y supervisor de turno en la mina. De acuerdo con testigos, el condujo la motocicleta en la que los homicidas huyeron.

Blackfire no puede argumentar que el homicidio fue un incidente aislado. REMA reporta que en agosto de 2008 tres hombres que portaban chalecos de empleados de Blackfire golpearon a Abarca y a su hijo en su casa. Los hombres mantuvieron a la esposa encañonada con una pistola. REMA dice que en respuesta al ataque, Abarca presentó una denuncia ante el gobierno. El gobierno no hizo nada.

En el verano de 2009, los pobladores de Chicomuselo entraron en negociaciones con Blackfire con respecto al camino que la compañia construyó ilegalmente en su tierra comunitaria. Los pobladores afirman que poseen el acuerdo firmado en enero de 2008 en el que la compañia determinaba donde construiría el camino a la mina. La compañia ignoró el acuerdo y construyó el camino en un sitio en donde el gobierno de Chiapas dice que no debería estar. Cuando las negociaciones entre los pobladores y Blackfire se rompieron, los pobladores comenzaron a cercar el camino con el fin de cerrarlo. De acuerdo con el líder antiminero Gustavo Castro Soto los pobladores presentaron una denuncia ante el gobierno: “Luis Antonio Flores (Gerente de Relaciones Públicas de Black Fire), Sr. René Salvador Cartajena, C. Caralampio López (y) otro más, y además trabajadores de la misma amenazando de omicidio (sic) y golpes con armas blancas y con armas de fuego que portaban, por lo tanto no se llevó a cabo el trabajo de tapar el paso, decidimos retirarnos para no comprometernos aun (sic) acto de provocación de confrontación violenta a muerte que ellos insistían con palabras provocativas trataron de echar las maquinas encima de los compañeros, por eso hoy pedimos al C. Gobernador Juan Sabines Guerrero, rotundamente a su administración y trabajadores prepotentes ante nuestra comunidad, que se erradique [a la minera Blackfire] su estancia en este ejido.”

Debe resaltarse que Caralimpio López, mencionado en la denuncia como parte del grupo amenazante, está acusado de conducir la motocicleta que los homicidas usaron para huir en el asesinato de Mariano Abarca. Caralimpio López era trabajador de Blackfire al momento del homicidio. En otras palabras, los pobladores presentaron una denuncia formal en contra de López por ser parte del grupo que amenazó a los pobladores de Chicomuselo con agresiones físicas si trataban de cerrar el camino construído ilegalmente, y aparentemente Blackfire no hizo nada.

Tan solo días antes de su asesinato, Abarca presentó una denuncia en contra de dos empleados de Blackfire, Ciro Roblero Pérez y Luis Antonio Flores Villatoro, por amenazas de muerte si no dejaba de organizar a la comunidad de Chicomuselo en contra de la mina de barita de la compañia minera canadiense Blackfire. De acuerdo a una denuncia formal presentada ante un empleado de gobierno que trabaja en el edificio municipal de Chicomuselo, Roblero Pérez llegó al edificio municipal para decir que había ido a buscar a Abarca “para quebrarle la madre a plomazos”. Se informa que también dijo que Abarca y otras personas estaban en la lista de personas a los que los dueños de Blackfire querían lastimar. El gerente de relaciones públicas de Blackfire, Luis Antonio Flores Villatoro, es también mencionado en la denuncia como una de las personas responsables de dicha lista. El gobierno había citado a Roblero Pérez y Flores Villatoro para que declararan con respecto a la denuncia hecha por Abarca, sin embargo, estos no se presentaron. Abarca fue asesinado esa misma tarde.

El 7 de diciembre, las autoridades del estado de Chiapas finalmente actuaron. Cerraron temporalmente la mina de Blackfire en Chicomuselo. Aparentemente Blackfire cerró la mina y removió los aparatos que generaban luz poco tiempo después de la muerte de Abarca. El gobierno de Chiapas solamente hizo un acto oficial al pegar sellos de “Clausurado” en las puertas de la mina.

El gobierno dice que la clausura del mina no tiene nada que ver con el asesinato de Abarca. De acuerdo con el gobierno: “El motivo de la clausura de dicha empresa deriva por la apertura de nuevos caminos sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental, emisiones a la atmósfera por partículas suspendidas, así como la desviación de causes y escurrimientos naturales y cambio de uso de suelo en una superficie importante.”

La contaminación era la principal razón por la que Abarca y la REMA protestaban en contra de la mina de barita de Blackfire. Cuando Abarca estaba vivo, dijo que diría a todos los que estaban dispuestos a escuchar sobre la contaminación que la mina provocaba en Chicomuselo. De acuerdo con Castro Soto, incluso después de la brutal golpiza de agosto de 2008 por parte de los supuestos empleados de Blackfire, Abarca “siguió en la lucha denunciando la falta de agua en los arroyos y las consecuencias de las detonaciones, denunciando la contaminación de los ríos que, llenos de lodo han acabado con los peces, con ganado y otros animales muertos.”

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas, demanda que el gobierno haga de la clausura temporal de la mina de Blacfkire una clausura permanente. “Este Centro de Derechos Humanos celebra la clausura de la mina de barita, ubicada en el ejido Grecia del municipio de Chicomuselo, operada por la empresa canadiense Black Fire Exploratión… Sin embargo, consideramos necesario que la cancelación no sea sólo de forma temporal sino definitiva, ya que las afectaciones denunciadas insistentemente por los habitantes ha costado la vida al señor Mariano Abarca Roblero, asesinado presuntamente por su activismo al oponerse a la explotación de la empresa canadiense. Es urgente que el gobierno tome medidas de no repetición para garantizar que en el futuro no se instalen este tipo de empresas transnacionales para evitar daños ocasionados al medio ambiente, como sucedió en la Región de Chicomuselo con la explotación minera de la empresa Blackfire.”

Es una lástima que Abarca tuvo que haber dado su vida para que las autoridades del esatdo de Chiapas actuaran por fin y cerraran la mina. Es incluso aún más trágico que el gobierno canadiense, que subsidia importantemente a su industria minera, no haya hecho nada con respecto a los continuos abusos ambientales y a los derechos humanos por parte de Blackfire. La Gobernadora General de Canadá Michaëlle Jean y Peter Kent, Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá para las Américas, visitaron Chiapas solo dos días después de que el gobierno del estado clausurara la mina de Blackfire. Fueron recibidos por cerca de 50 manifestantes que demandaban que la mina fuera cerrada permanentemente y que la compañía pagara por los crímenes que ha cometido. REMA solicitó una reunión con los dignatarios, sin embargo, Jean y Kent rechazaron la invitación, argumentando limitación en los tiempos.

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Gustavo Castro Soto
OTROS MUNDOS A.C.
Francisco I. Madero 49
Barrio de Guadalupe
29230 San Cristóbal de las Casas
Chiapas, México
Tel (967) 6316643
www.otrosmundoschiapas.org

Denuncian contaminación y militarización

Aunque suele decirse que nadie experimenta en cabeza ajena, presentamos una nota relacionada con la minería y las implicaciones sociales que suele generar, si bien es cierto la región cuicateca aùn no enfrenta directamente situaciones similares, es necesario denunciar a la opinión pública los más recientes acontecimientos al respecto y apelar a la solidaridad para sucesos que eventualmente se estén preparando en contra de quienes abiertamente nos oponemos a la implementación de proyectos destructivos.


Manuel de la Cruz/San Cristóbal de Las Casas
Un grupo de organizaciones sociales denunciaron la excesiva contaminación que generan empresas mineras en los municipios del estado a la par de la militarización con el objetivo de silenciar las inconformidades.
Según Enrique Murias en reiteradas ocasiones han pedido al gobierno chiapaneco la cancelación de al menos 53 licencias expedidas a las multinacionales extranjeras que explotan los recursos naturales extraídos en minas sin que sean atendidos en sus reclamos.
En los municipios de la Costa y Sierra chiapaneca “se han contaminado los ríos con los materiales residuales que las empresas arrojan a los cauces afectando a la población que consume el agua, además que dañan irreversiblemente al medio ambiente y animales de la región”.
Es por ello que han surgido organizaciones claramente antimineras en varios municipios del estado.
En respuesta el gobierno mexicano ha militarizado las regiones donde germinan las inconformidades.
Señaló que en el Frente Regional Contra las Privatizaciones y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FRCP-FNLS) agrupa varias ONGs que “han alertado sobre los riesgos de la contaminación desmedida al medio ambiente si siguen expidiendo licencias a las empresas norteamericanas que sólo están interesadas en exfoliar los recursos del estado”.
En su opinión al deterioro ambiental se deben sumar los problemas ecológicos y sociales.
Los municipios que más han resentido los efectos negativos de la explotación de minas a cielo abierto son Chicomuselo, Motozintla, Mapastepec y Acacoyagua, así como otros más, donde la población se ha declarado en resistencia y rechaza abiertamente a las multinacionales.
Por eso han organizado varias reuniones en estos municipios con activistas del estado y organizaciones de Guatemala para que la población denuncie los excesos de las empresas.
Murias dijo que sus compañeros han sido víctimas de represalias, hostigamiento policíaco y militar y amenazas de muerte de parte de funcionarios del gobierno del estado que protegen los intereses económicos de los inversores de Estados Unidos y Canadá.
Según él, desde que comenzaron su lucha contra las más de 50 concesiones que el gobierno del estado otorgó a cuatro multinacionales mineras se intensificó la campaña contra los denunciantes.
Las organizaciones aseguran “que al mismo tiempo se da la paulatina militarización de la Sierra Madre con especial énfasis en los puntos donde se sabe que existen yacimientos minerales”.
El FRCP-FNLS dijo que este proceso policíaco-militar continúa avanzando en la región con evidente intención de intimidar a los que se oponen a la explotación a cielo abierto de las minas, silenciar las críticas y sobre todo frenar la organización de comunidades en resistencia.
El avance de las tropas federales se da con recursos que el gobierno de Estados Unidos da a través del Plan Mérida.
Sostienen que “el Plan Mérida tiene como objetivo oculto el resguardo militar de los recursos naturales y estratégicos de México para que puedan ser saqueados por el capital transnacional”.
Lo que queda demostrado con el hecho de que la Sierra Madre está ocupada por el ejército mexicano, policías federales y estatales quienes han colocado retenes en sitios estratégicos para interrogar a conductores y revisar las unidades en la supuesta búsqueda de armas y drogas.

El despertar indígena sacude a Latinoamérica

Por FRANK BAJAK © 2009 The Associated Press

Nov. 1, 2009

En Ecuador, los indígenas Shuar están bloqueando carreteras para proteger sus territorios de caza. En Chile, los Mapuche ocupan fincas para presionar por la entrega de tierras, escuelas y clínicas. En Bolivia, la nueva constitución le otorga autonomía a las 36 etnias.

Por toda América Latina, especialmente en los Andes, un despertar político empapa a indígenas acostumbrados a vivir como ciudadanos de segunda clase desde la conquista española.

Esta rebelión política se debe en parte a una mejor educación y comunicaciones, en la medida que Internet le ha permitido a líderes nativos, en regiones apartadas, compartir ideas y estrategias más allá de sus fronteras.

Este despertar responde también a una urgencia: Las naciones de América Latina se han embarcado en un búsqueda sin precedentes de recursos, desplazándose hacia territorios que los indígenas asumen como de propiedad ancestral, en tierras prístinas que consideran claves para su supervivencia.

"El movimiento indígena se ha levantado al ver que el gobierno no respeta nuestros territorios, nuestros recursos, nuestro Amazonas. Llegaremos hasta las últimas consecuencias", dijo Rómulo Acachu, presidente de los Shuar, flanqueado por sus guerreros con lanzas de madera y los rostros cubiertos con bélicos dibujos negros.

El mes pasado, los Shuar bloquearon con alambre de púas puentes de una carretera en el selvático sur de Ecuador y como protesta por una nueva ley que permitiría trabajos mineros en territorios indígenas sin previa consulta con las tribus, colocando además el agua de la zona bajo control del estado.

El 30 de septiembre, un maestro fue muerto durante disturbios violentos con la policía antimotines.

"Si hay 10 muertos, que haya 10 muertos, si hay 1.000 muertos estarán bien muertos. De ser necesario, usaremos la fuerza para defender nuestra dignidad", dijo otro dirigente Shuar, Rafael Pandam.

Los Shuar ganaron. Al menos este asalto.

Un semana después del fallecimiento, el gobierno accedió a reconsiderar la ley después de que el presidente Rafael Correa recibió a unos 100 líderes indígenas en el palacio de gobierno. Correa no necesita que nadie le recuerde que los indios, un tercio de la población de esa nación andina, se han convertido en un constituyente indispensable y que ayudaron a la caída de un gobierno ecuatoriano en el 2000.

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Los indígenas son una décima parte de los 500 millones de habitantes de América Latina. En algunas partes de los Andes y Guatemala la proporción es mucho mayor.

Sin embargo, son más pobres y menos educados que la población en general. Cerca del 80% vive con menos de dos dólares al día, una tasa de pobreza que duplica la del resto de la población, de acuerdo con el Banco Mundial. Al menos el 40% carece de acceso a servicios de salud.

Las amenazas a los territorios indígenas han crecido en los últimos años. Al reducirse las reservas mundiales de crudo y aumentar la demanda mundial de minerales y madera, los sectores petrolífero y minero se combinan con la industria maderera para abalanzarse sobre tierras tradicionales indígenas.

"Los indígenas han estado perdiendo progresivamente el control y la propiedad de los recursos naturales de las tierras y territorios que ocupan desde siempre. A veces las leyes les reconocen el título de las tierras, pero no les quieren reconocer la propiedad de los recursos que están en esas tierras", dijo Rodolfo Stavenhagen, un prominente sociólogo mexicano que es relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los pueblos indígenas.

"Así que la situación no es muy alentadora, sino más bien lo contrario", agregó.

De ahí la revuelta en los Andes.

En Perú, al sur de las tierras Shuar, el gobierno ha dividido más del 70% de la región amazónica en campos de exploración petroleros y ha comenzado a entregar concesiones. Por temor de que sus territorios de caza y pesca sean contaminados, los indígenas comenzaron el año pasado a realizar bloqueos esporádicos de carreteras y ríos.

El 5 de junio, la policía antimotines abrió fuego sobre los indígenas en un bloqueo vial a las afueras del poblado de Bagua, donde la selva llega al pie de las montañas andinas. Al menos 33 personas murieron, la mayoría de ellas agentes policiales. Los indios no se disculparon por su resistencia.

"Casi todo lo que tenemos viene de la selva", dijo uno de los manifestantes, un enjuto maestro de escuela de la tribu Awajun llamado Gabriel Apikai. "Las hojas, la madera y enredaderas que usamos para construir nuestras casas. El agua de los riachuelos. Los animales que comemos. Por eso es que estamos tan preocupados", agregó.

Mucho más al sur en la cadena montañosa más larga del mundo, la policía chilena está protegiendo ahora 34 ranchos y terrenos madereros que los indios Mapuche tienen como objetivo de ocupación y sabotaje.

Los Mapuche, que dominaron Chile antes de la conquista española, representan actualmente menos del 10% de la población y tienen un 5% de sus territorios, algunos de ellos entre los menos fértiles del país.

Activistas Mapuche que reclaman los títulos de más tierras y más acceso a la educación y los servicios de salud, se declararon este año en desobediencia civil. En agosto, la policía antidisturbios, que realizaba una evacuación, mató a un indígena y al menos otros ocho resultaron heridos.

"Si el gobierno y la clase política no escuchan nuestras demandas, la situación se va a tornar mucho más difícil que la que hay ahora", dijo el líder Mapuche José Santos Millao, en una entrevista con The Associated Press en Santiago. Calificó de "cortina de humo" al Ministerio de Asuntos Indígenas que creó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el pasado 29 de septiembre.

En ninguna otra parte es tan evidente el poder indígena como en este poblado de Bolivia, país que eligió a su primer presidente indígena, Evo Morales, en diciembre de 2005. Morales disolvió el Ministerio de Asuntos Indígenas y de Pueblos Originarios, al que tildó de racista en un país donde más de tres de cada cinco habitantes son aborígenes.

En febrero, los votantes aprobaron una constitución que crea un estado "plurinacional" y le concede un estatus de soberanía a los nativos de Bolivia. Ancestrales modelos de gobierno, justicia comunitaria e incluso tratamientos curativos son ahora legales, al mismo nivel que las leyes más modernas y la ciencia.

En la capital, La Paz, las "cholitas" _mujeres indígenas con sus tradicionales sombreros bombines y chales multicolores_ son ahora presentadoras de televisión. Los concursos de belleza "Miss Cholita" están de moda y en los clubes nocturnos hay estrellas de hip-hop nativas.

En el palacio presidencial, Morales, un indio Aymara que cultivó coca y quien de niño pasó hambre, insiste en almorzar periódicamente con los guardias de bajo rango de la sede de gobierno.

Morales se está asegurando que las ganancias del gas natural y la extracción de minerales sean distribuidas equitativamente y que el agua, cuya privatización en la ciudad de Cochabamba provocó protestas en el 2000, nunca más sea puesta en manos privadas.

También lucha por hacer públicos los servicios de electricidad.

Morales ha fundado tres universidades indígenas, formalizado el sistema de cuotas para los indios en las filas militares y creado una escuela especial para indígenas que quieren ser diplomáticos. También promueve una campaña para demandar que todos los trabajadores públicos puedan hablar fluidamente al menos una lengua indígena.

"No hay forma de regresar al pasado", dijo Waskar Ari, un Aymara quien cambió su nombre a Juan en la década de 1970 para poder así ser aceptado en una escuela privada en La Paz. Hoy es profesor en la Universidad de Nebraska.

Ari relaciona el "renacimiento" de su país al final del "apartheid" o la segregación racial en Sudáfrica.

"Finalmente", dijo orgulloso, "Bolivia ya no es la Sudáfrica de América Latina".

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El fundamento legal para el movimiento de los indígenas en América Latina fue coronado cuando las Naciones Unidas en septiembre de 2007 aprobó la Declaración de los Derechos de las Poblaciones Indígenas, que respalda el derecho de los pueblos nativos a sus propias instituciones y tierras ancestrales. La Declaración ha sido adoptada por la mayoría de los países de la región.

También ha ayudado a los indígenas a obtener algunas grandes victorias legales:

_ En 2007, la Corte Suprema de Belice falló a favor de las comunidades Mayas que habían cuestionado el derecho del gobierno a dar en concesión tierras indias para la explotación maderera.

_ Un fallo similar se produjo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nombre del pueblo Saramaka, en remotos parajes del bosque en Surinam, que respalda el concepto de que los grupos indígenas deben otorgar su consentimiento en casos de grandes proyectos de desarrollo.

_ En diciembre pasado, el gobierno de Nicaragua finalmente entregó títulos colectivos al pueblo Mayagna, cumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicando que las autoridades carecían del derecho de entregar en concesión tierras indígenas.

_ Al mes siguiente, la Corte Constitucional de Colombia sentenció que un millón de indígenas estaban en peligro del "exterminio" cultural y físico y ordenó al gobierno protegerlos.

_ En mayo, la Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó a los agricultores de arroz desalojar la reserva Raposa Serra Do Sol, una vasta reserva indígena de 1,7 millones de hectáreas habitada por 18.000 indígenas en los extremos del Amazonas.

A pesar de tales fallos judiciales, los indígenas siguen siendo ciudadanos de segunda clase.

Sólo un indígena ha sido elegido al Congreso de Brasil, donde la mayoría de las etnias ocupan vastas áreas del Amazonas, a pesar de ser apenas el 5% de la población.

En Guatemala, donde casi la mitad de la población es descendiente de los Mayas, ni un solo indígena ha llegado a una oficina pública nacional.

Las desventajas educacionales perpetúan esta iniquidad.

En Guatemala, tres de cada cuatro indios son analfabetos, según Naciones Unidas. En México, donde 6% de la población no sabe leer y escribir, la tasa de analfabetismo entre los indígenas adultos es del 22%. Incluso en Bolivia, sólo 55% de los niños indígenas culminan estudios de primaria, comparado con el 81% de los otros niños.

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Los esfuerzos para "descolonizar" son aún muy frágiles.

En el este de Bolivia, donde la ONU afirma que varios miles de indios Guaraní, incluyendo niños, trabajan en grandes haciendas virtualmente como esclavos, Morales ha prometido la autonomía, pero la elite de la zona, los más duros oponentes de Morales, no lo permitirán sin presentar combate.

"El territorio indígena es una importantísima oportunidad para una ruptura del poder económico de sectores corporativos de poder", dijo en una entrevista Carlos Romero, ministro de Autonomías de Bolivia.

"Cuando a una planta le cortamos el tallo... (empieza) a retoñar", dijo Valentín Ticona, viceministro de Justicia, al resaltar que lo que hacían en su país era sacar "de raíz" lo dejado por los españoles.

Ticona está entre los funcionarios de gobierno involucrados en acciones para favorecer a los Guaraní, que han provocado roces con los hacendados, de piel mucho más clara.

Conseguir su autonomía debería ser menos problemático para los indígenas en las tierras altas del oeste del país, como esta localidad de Jesús de Machaca, debido en parte a que las tierras rinden muy poco.

Jesús de Machaca es una agreste localidad agrícola cercana al Lago Titicaca y cuya población esta conformada en un por 96% de indios Aymara. Este poblado está entre los cuatro territorios montañosos de Bolivia que votará el 6 de diciembre para decidir si se declaran municipalidades autónomas. Bajo ese gobierno propio, los poblados legalizarían prácticas administrativas que datan de los tiempos del imperio Inca.

Los líderes locales, llamados "mallkus", son elegidos democráticamente por sus comunidades en votación pública. Luego escogen a los funcionarios de gobierno. Los períodos de mandato están restringidos a un año. Tal sistema es más cercano al socialismo que al capitalismo.

El vicealcalde Braulio Cusi afirmó que la autonomía beneficiará inmensamente a la comunidad, donde casi todos los 13.700 residentes viven en casas de adobe, utilizan la bosta de ganado como combustible para cocinar, la mayoría de los hogares carecen de agua corriente y las mujeres dan a luz en sus casas porque no hay un hospital o una clínica.

"Asociaciones cooperativas de lácteos, procesamiento de queso... Va a haber trabajo", dijo Cusi, quien lleva sobre su poncho un látigo de cuero blanco como símbolo de su autoridad. Aspira a que se consiga un matadero para el poblado y un veterinario. "Los jóvenes, por lo que no hay trabajo, se van de aquí. Ese es el problema. Como ya tenemos electrificación y agua, más jóvenes van a volver", agregó.

Los poco más de 900 kilómetros cuadrados del pueblo se dedican mayormente a la cría de llamas y ovejas, y al cultivo de papas y quinoa. Comprado en los siglos XVI y XVII por nativos que rehusaron convertirse en agricultores con terrenos alquilados, impera la propiedad comunitaria, parcelada en lotes. La venta a personas fuera de la zona está prohibida.

Jesús de Machaca dio su primer paso hacia la autodeterminación cuando se convirtió en una municipalidad autónoma en 2002. Más tarde eligió a su primer alcalde, también un mallku.

El gobierno nacional duplicó su presupuesto. Por encima del 70% de los hogares ahora tienen electricidad _comparado con el 10% en el 2001_, y recién culminó la construcción de un edificio de tres pisos para la municipalidad, con pisos de parquet y puertas de roble.

El pueblo incluso está construyendo un estadio de fútbol.

"Vamos a ser reconocidos", dijo Cusi tras mirar la banderola de los indígenas de Bolivia izada en un asta a la sombra de un portentosa iglesia colonial española.

"Vamos a poder definir cómo queremos vivir de acuerdo a nuestros usos y costumbres".

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Los corresponsales de The Associated Press Mark Stevenson en Ciudad de México; Eva Vergara en Chile; Jeanneth Valdivieso en Macas, Ecuador; Carlos Valdez en La Paz, Bolivia; Juan Carlos Llorca en Ciudad de Guatemala; Ian James en Caracas; y Bradley Brooks en Rio de Janeiro contribuyeron a este reportaje.

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En internet:

Declaración de la ONU de los Derechos Indígenas:

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html.